La Comisión de Familia continúo el análisis de las medidas implementadas por el Ministerio de Educación en relación con la aplicación de la ficha CLAP, instrumento avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca evaluar de manera integral las distintas áreas del desarrollo de niños, niñas y adolescentes (NNA) desde los 10 a los 19 años.
La medición levantó las alertas luego que un grupo de apoderados y apoderadas del Colegio España de Llolleo denunciara un mal manejo de la ficha. Esto porque no fueron informados y, sostuvieron, se expuso a NNA a situaciones y preguntas incómodas, no acordes a su edad. A su juicio, el cuestionario era de alta connotación sexual para estudiantes de quinto año básico. Estos hechos, agregan, se habrían replicado en otros establecimientos educacionales.
Para abordar la materia, asistió a la comisión la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia. En su presentación reconoció que, “lamentablemente”, en este caso, “no se siguió el protocolo”. Esto porque no hubo una coordinación previa con la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación para la aplicación de la ficha en el colegio. Pero, añadió, lo más grave es que no se solicitó el consentimiento de las y los apoderados previo a la realización de la medición.
La personera, no obstante, precisó que la ficha fue implementada por personal del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna, y que es responsabilidad del municipio la realización del sumario para determinar responsabilidades.
Ficha CLAP y mayor fiscalización
Por otro lado, en la instancia también participó el superintendente de Educación, Mauricio Farías. En la ocasión sostuvo que es deber de los colegios informar a las y los apoderados sobre todas las actividades que se realizan en el establecimiento. Más aún, dijo, sobre este tipo de mediciones de salud pública, porque las familias tienen derecho a estar informados para tomar las decisiones. Así, es posible resguardar la integridad física y psíquica de las y los estudiantes.
En esta línea, agregó, que la superintendencia considera estrategias de promoción y concientización para la comunidad escolar. Así también, se encuentra revisando las diversas denuncias presentadas, para fiscalizar si los establecimientos están o no cumpliendo lo que señalan sus propios protocolos.
Frente a esta situación, la comisión acordó oficiar a la Superintendencia para que informe el número de NNA que habrían vivido esta vulneración de sus derechos. Así también, si tienen antecedentes de la composición de sus familias para saber si la información está llegando de forma correcta a sus hogares.
