Por 8 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, la Sala de la Cámara rechazó la denominada cuestión previa presentada por la defensa de la exministra Ángela Vivanco. Ella imputaba la procedencia formal de la acusación constitucional presentada en su contra respecto de lo exigido por la Carta Fundamental.
En su argumentación, el abogado Juan Carlos Manríquez sostuvo que abordar la presente acusación “supone una reiteración del poder estatal que se les otorga a la Cámara”. Al respecto, aludió al proceso llevado a cabo por la Corporación la semana pasada. En él, se aprobó la admisibilidad del libelo presentado en contra de Vivanco y Sergio Muñoz.
Así, Manríquez afirmó que el derecho ya se ejerció y produjo sus efectos, los cuales se resolverán en el Senado, en una sesión a celebrarse mañana. “Volver a reiterarlo, cuando se trata de la misma acusación, en lo fundamental, respecto de los mismos hechos, constituye una prohibición de exceso y, a su vez, una vulneración de la ne bis in idem”, remarcó.
Sostuvo que el citado principio implica una prohibición para seguir contra un mismo acusado dos procedimientos sucesivos, alternativos, paralelos o consecuenciales. Esto, cuando se trate de los mismos hechos, que conducen al mismo efecto. A su vez, aplicado por la misma autoridad y que tendrá la misma consecuencia.
Paralelamente, dijo que la presente acusación tampoco cumplió con un elemento básico de todo libelo. Ello fue aludir a la causal correcta, cual sería el notable abandono de deberes. Por el contrario, se habría apelado al incumplimiento de la Constitución y las leyes. Tal hecho, remarcó, lo reconocieron los propios acusadores, buscando corregir el texto.
Comisión informante de acusación Vivanco
Tras la defensa de Vivando, tocó el turno de las y los integrantes de la comisión informante. El primero en intervenir fue el diputado Roberto Arroyo (PSC). En su intervención, si bien criticó la falta de prolijidad de la acusación, aseguró que esto no puede desviar el fondo del asunto.
Dijo tener la “firme convicción” de que los actos cometidos por la acusada son de “suma gravedad”. Consideró que existió un notable abandono de deberes por parte de la exministra, apelando sobre el punto lo definido por el jurista Alejandro Silva. Esto es, cuando se producen circunstancias de suma gravedad que se demuestran por actos u omisiones la torcida intención, el inexplicable descuido o la sorprendente ineptitud con el que se abandonan, olvidan o infringen los deberes inherentes a la función pública ejercida.
María Luisa Cordero (IND) confirmó que el texto confundió la causal de procedencia con la de los ministros de Estado. Ella apela a infringir la constitución o las leyes o haberlas dejado sin ejecución. Además, acusó que no se indica de qué manera las conductas descritas configuran un notable abandono de deberes por parte de la exministra. Finalmente, planteó que, hoy, es inoficioso e innecesario insistir en esta acusación.
Para Vlado Mirosevic (PL), evaluó que la situación que presenta la acusación es de la más alta gravedad. Ello porque compromete seriamente el funcionamiento de las instituciones democráticas. Agregó que el propio estado de derecho se pone en entredicho cuando la justicia actúa de manera parcial y favorece intereses particulares.
A su vez, consideró que la inamovilidad de los magistrados no es absoluta. Junto a ello, replicó los argumentos en la remoción de Vivanco desde la Corte Suprema. En ellos se apunta a que su comportamiento afectó los principios de independencia, imparcialidad, probidad y transparencia.
Marlene Pérez (IND) afirmó que existen méritos suficientes de acusar a la exministra Vivanco por hechos reprochables éticamente. “Deben hacerse efectivas las responsabilidades de abandono de deberes”, acotó. Luego, agregó todos los antecedentes que conocieron ponen en riesgo la imagen de un poder tan importante como es el Poder Judicial.
Tras la votación, la Sala continuó con el fondo de la acusación, con la rendición del informe de la comisión y la exposición de la defensa.
