La Comisión de Seguridad Ciudadana recibió audiencias para analizar el proyecto que confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia (boletín 15866). La moción corresponde a una iniciativa del diputado Jorge Guzmán (Evopoli) con el respaldo de otros parlamentarios de Chile Vamos.
Su objetivo es perfeccionar el registro para facilitar la identificación de las personas incorporadas en dicha nómina. Además, establece que será público para todos los casos, excepto para deudores de alimentos declarados en rebeldía. Esto como medida de protección de la sociedad, disuasión del delito y ayuda a la captura de quienes se encuentran fugados de la justicia.
Actualmente pueden acceder al registro los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público, las policías, Gendarmería, la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, el Servicio de Registro Civil e Identificación, junto a otras entidades debidamente establecidas en la Ley N°20.593).
Registro público
En la sesión se recibieron varias exposiciones sobre el proyecto. La primera de ellas a cargo del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. La autoridad señaló que esta iniciativa contribuye a que la ciudadanía se haga parte y comparta información de las personas prófugas.
Pero, agregó algunas recomendaciones en la línea de establecer una priorización de quiénes pueden estar en el registro. Esto porque, actualmente, existen más de 38 mil personas en el listado.
Así también, considerar aquellas personas que son intervinientes en los procesos investigativos y que la publicidad de sus nombres puede afectar la persecución del delito.
Luego expuso el director del Servicio de Registro Civil e Identificación, Omar Morales. En su presentación, señaló que actualmente son 38.105 las órdenes pendientes. Entre ellas, 2.473 son considerados casos graves. Por ejemplo, personas que no están cumpliendo una pena privativa de libertad (1.685 casos).
Junto a esto, hay 31.779 órdenes de personas en rebeldía, pero que no necesariamente son un peligro para la sociedad. Finalmente, existen 3.836 órdenes por pensiones de alimentos y 17 de otro tipo de casos.
Sobre la posibilidad de hacer público este registro, el director señaló que no es un proceso sencillo. Esto porque implica el cruce de información entre el sistema de registro del servicio y el de identificación. Aclaró que pueden existir costos asociados que aún no están ponderados. Frente a esto, el gobierno señaló que evaluará el impacto fiscal del sistema para ver su viabilidad.
Otras exposiciones
Por parte de la PDI, expuso la jefa jurídica de la institución, Marisela Gárate. En su presentación también valoró la iniciativa, pues permitiría que las y los ciudadanos apoyen en la captura de personas. De todas maneras, también destacó que la publicidad debe ser sólo respecto de quienes estén condenados. Planteó que es necesario que se considere incluir la fotografía de quienes son prófugos.
En cuanto al Ministerio Público, el asesor de la Fiscalía Nacional, Rodrigo Honores, calificó el proyecto como una gran herramienta y de mucha utilidad. Esto porque sería un nuevo disuasivo, ya que toda la comunidad podría conocer a las personas prófugas.
De esta manera, se fomentaría la posibilidad de compartir antecedentes con los organismos persecutores para poder capturar a las personas. En esta línea, señaló también la necesidad de sumar incentivos para la comunidad, por ejemplo, a través de vías de denuncia segura. Además, respaldaron la posición de que debe ser sólo para personas condenadas.
En la misma línea, desde la Defensoría Penal Pública, sus representantes también señalaron que la publicidad de los antecedentes debe ser sólo de condenados y en casos graves de rebeldía. Junto a esto, alertaron que la ciudadanía no puede tomar acciones para la captura de prófugos. Esto es una labor exclusiva de las policías.
