Agilizar el otorgamiento de los permisos sectoriales para proyectos de inversión, simplificando su tramitación acorde a sus riesgos asociados, junto con avanzar en mayor certeza jurídica y transparencia de los procedimientos. Esa es la finalidad del proyecto (boletín 16566) aprobado por la Sala de la Cámara y derivado a segundo trámite.
La iniciativa, también conocida como de “permisología”, pretende lograr sus objetivos sin reducir ni desregular los mecanismos de protección al medio ambiente y de las personas.
Según lo proyectado por el Ejecutivo, los tiempos totales de tramitación sectorial de los proyectos de inversión se reducirán en, al menos, un 30% en promedio. Igualmente, se espera un aumento directo en el PIB, derivado de nuevos proyectos de inversión de un de 2,4% en 10 años. Junto a ello, se incrementará la recaudación fiscal producto del adelantamiento de flujos futuros por 0,27% del PIB de 2023.
El texto se revisó sobre la base de los informes aprobados por las comisiones de Economía y de Hacienda. Los rindieron el diputado Víctor Alejandro Pino (DEM) y la diputada Gael Yeomans (FA).
El proyecto pasa por crear un sistema que incluye políticas, instituciones, normas y principios para la correcta tramitación de autorizaciones. Además, se resguardan los objetos de protección inherentes a cada sector.
Más específicamente, se crea el Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial a cargo de un servicio público de igual nombre. Dicha entidad, además, velará por el progresivo perfeccionamiento de la normativa sectorial.
Asimismo, se crea el Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (Super). Este será una herramienta electrónica de información, administrado por el Servicio ya citado.
Otros avances en permisos sectoriales
La propuesta también avanza en una “organización de autorizaciones en tipologías” y en la promoción de la regulación fundada en riesgos. A ello se suma la posibilidad del uso de avisos o declaraciones juradas.
Otra línea son formularios de ingreso y admisibilidad, como límite a la discrecionalidad funcionaria. Paralelamente, se pone límite a la espera de informes de otros organismos de la administración del Estado; se fijan plazos supletorios y reglas claras para ejercer el silencio administrativo; y se define un procedimiento transparente para la priorización de proyectos.
La regla definida plantea que el procedimiento sectorial no podrá exceder de los siguientes plazos:
- 120 días, tratándose de autorizaciones de administración o disposición.
- 50 días, tratándose de autorizaciones de localización.
- 60 días, tratándose de autorizaciones de profesional o servicio.
- 50 días, tratándose de autorizaciones de proyecto.
- 25 días, tratándose de autorizaciones de funcionamiento.
- 60 días, tratándose de otras autorizaciones.
El plazo para resolver se contará desde la fecha de ingreso de la solicitud hasta la fecha de dictación de la resolución final.
Transcurrido el plazo legal para resolver acerca de una solicitud de autorización, sin que el órgano sectorial se pronuncie sobre ella, la o el interesado estará legitimado para hacer valer el silencio administrativo.
En todo caso, se abre la posibilidad de suspenderse el plazo para resolver frente a determinadas causas. Entre ellas se citan la necesidad de que el órgano sectorial requiera al solicitante la corrección de defectos en la solicitud o de información complementaria. También cuando el acto administrativo requiera de la toma de razón de la Contraloría, antecedentes complementarios de otra entidad o frente a acciones judiciales.
Si se registrara un incumplimiento de los plazos dispuestos de manera injustificada, se procederá a sanciones disciplinarias a los jefes respectivos. Para ello se avanzará en un sumario llevado a cabo por la Contraloría.
Finalmente, entre otras normas, se determinan acciones para la priorización de proyecto o actividades y se promueve la colaboración público-privada en la tramitación de permisos sectoriales.
Debate y votaciones
Participaron en el debate Jaime Sáez (FA), Camila Rojas (FA),Frank Sauerbaum (RN), Boris Barrera (PC), Ana María Bravo (PS), Alexis Sepúlveda (PR), Víctor Alejandro Pino (DEM), Jorge Guzmán (Evop), Alberto Undurraga (DC), Cristián Tapia (IND), Henry Leal (UDI), Johannes Kaiser (IND), Flor Weisse (UDI), Jaime Mulet (FRVS), Andrés Jouannet (AMA), Alejandro Bernales (PL), Lorena Pizarro (PC), Marcos Ilabaca (PS), Enrique Lee (IND), Juan Santana (PS), Sofía Cid (IND), Juan Carlos Beltrán (RN), Félix González (IND), Joanna Pérez (DEM), Daniel Melo (PS), Christian Matheson (IND), Cristián Araya (PREP), Héctor Barría (DC), Andrés Longton (RN), Ericka Ñanco (FA), Viviana Delgado (IND), Catalina Pérez (FA), Emilia Nuyado (PS), Gonzalo De la Carrera (IND), Nelson Venegas (PS) y Stephan Schubert (PREP).
En el debate, las y los diputados expresaron la necesidad de avanzar con sentido de urgencia en esta materia para agilizar la inversión en Chile y fomentar el crecimiento y el empleo. Así, estimaron fundamental eliminar trabas burocráticas y fomentar la coordinación interinstitucional.
También hubo quienes expresaron sus dudas en lo relativo a la aplicación de esta ley en el ámbito medioambiental. Sin embargo, se aclaró que dicho ámbito queda fuera de este marco legal. Por otro lado, se relevó la importancia que tiene para el sector productivo esta propuesta, en especial para las pymes.
Otro punto de preocupación fue la sobrecarga laboral que tienen algunos funcionarios públicos. Sobre el tema, el ministro de Economía, Nicolás Grau, resaltó que, justamente, la idea es bajar dicha carga al eliminar la exigencia de revisión de ciertos permisos sectoriales de bajo riesgo, pasando estos a declaraciones juradas. De tal modo, las y los trabajadores se focalizarán en aquellos proyectos de mayor envergadura y más complejos.
Grau indicó que, del texto despachado por las comisiones, solo reparan por la sanción impuesta vía indicación. Sostuvo que ello puede implicar más un desincentivo a una labor eficiente que un aliciente para cumplir con los plazos.
En las votaciones, la idea de legislar se aprobó en dos votaciones (normas generales y de quórum). Luego, el articulado se ratificó tras diez votaciones en los términos planteados por las comisiones, incluyendo la sanción para los jefes sectoriales.
