Hace algunas semanas, el Congreso Nacional, junto al Gobierno, acordaron priorizar una agenda legislativa en materia de seguridad social, pública y económica. Sobre este último punto, una de las iniciativas contemplada es la ley marco de autorizaciones sectoriales (boletín 16566), también conocido como proyecto de “permisología”.
La norma fue presentada en enero de 2024 y se debate en la Comisión de Economía de la Cámara. Su objetivo es agilizar el otorgamiento de las autorizaciones necesarias para llevar adelante proyectos de inversión. Esto, independiente de su envergadura y su carácter público o privado. Todo en post de aumentar la productividad y la inversión en el país.
Las autorizaciones sectoriales constituyen instrumentos de regulación que permiten conciliar el desarrollo de actividades económicas con la protección de intereses públicos tan relevantes como la salud, el cuidado del medio ambiente o la seguridad de las personas.
La meta del Gobierno es que, con esta nueva norma, se reduzca, a lo menos, un 30% de los tiempos totales de tramitación. Para tal objetivo, por ejemplo, se plantea el reemplazo de ciertos permisos por declaraciones juradas, principalmente, en proyectos de bajo riesgo. Así, también, la instalación de una ventanilla única digital para la solicitud de permisos, donde se pueda revisar el estado del proceso.
Además, busca definir plazos máximos para entregas de informes intersectoriales y se regula el silencio administrativo. Junto a esto, se establece una categoría de trámites a realizar en proyectos priorizados, con vencimientos aún más acotados, entre otras medidas.
Institucionalidad en “permisología”
Si bien la votación del proyecto avanza en aquellas materias donde hay acuerdo entre los diferentes sectores, existe un punto de tope. Este sería la propuesta de crear del Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial.
El presidente de la Comisión de Economía, Víctor Alejandro Pino (DEM), señaló que están a la espera de la indicación que elimina la propuesta. Esto, porque se le planteó al ministro de la cartera, Nicolás Grau, que tendría un mayor impacto que la institucionalidad sobre esta materia se encuentre dentro del ministerio. Por ello, se aspira a que no sea una institucionalidad externa que fiscalice a los diferentes servicios públicos.
Adicionalmente, aseguró que, una vez presentada la modificación por parte del Ejecutivo, la expectativa es despachar la norma a la Sala en julio.
Patentes municipales
Otro punto planteado al Gobierno es la posibilidad de incluir en esta ley a las patentes comerciales. Para el diputado Daniel Manouchehri (PS), integrante de la comisión, es importante que se incluya en la aceleración de los trámites.
Igualmente, la creación de personas jurídicas, pues, aunque hay iniciativas en esta dirección, hay puntos en los cuales el proceso se estanca. Por lo tanto, explicó que le solicitaron al Ejecutivo que reformule la propuesta original para no dejar fuera a las pequeñas empresas en los beneficios de esta norma.
Cabe recordar que este proyecto también es parte de las medidas del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal impulsado por el Gobierno.
