Establecer la obligación de todo el personal de Gendarmería de Chile de efectuar declaraciones de intereses y patrimonio. Esa es la finalidad de un proyecto (boletín 16985) aprobado unánimemente por la Sala de la Cámara y despachado a segundo trámite.
La iniciativa es parte de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP). Además, busca cumplir con los compromisos del Gabinete Pro Seguridad y al diagnóstico efectuado por Gendarmería.
En primer lugar, la propuesta modifica la Ley orgánica de Gendarmería de Chile. Aquí se agrega una disposición que consagra la obligación de efectuar declaración de intereses y patrimonio a todo el personal de la institución. Luego, se agrega a estos nuevos sujetos declarantes en el listado de la Ley 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.
Además, el proyecto establece tres etapas de entrada en vigencia de la mencionada obligación, tiempo contabilizado desde la publicación de la ley en el Diario Oficial:
- A partir del cuarto mes, para el personal de la planta de Oficiales Penitenciarios y de la planta de Directivos.
- Desde el octavo mes, para el personal de la planta de Suboficiales Penitenciarios y Gendarmes.
- A partir del doceavo mes, para el personal de las Plantas de Profesionales Funcionarios regidos por la Ley 15.076, el de Profesionales, de Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares y para los funcionarios a contrata asimilados a estas.
Finalmente, se define que el mayor gasto fiscal que implique esta ley se financiará con cargo al presupuesto de Gendarmería de Chile. No obstante, se podrá suplementar en lo que falte con cargo a la partida del Tesoro Público. Según se explicó, los dineros se derivarán, principalmente, para la capacitación de las y los funcionarios en la declaración de patrimonio.
Discusión
Los informes de las comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda los rindió el diputado Frank Sauerbaum (RN).
Luego, en el debate participaron Joanna Pérez (DEM), Carlos Bianchi (IND), Andrés Jouannet (AMA), Leonidas Romero (IND), Marcos Ilabaca (PS), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Felipe Camaño (IND), Leonardo Soto (PS), René Alinco (IND), Nelson Venegas (PS), Enrique Lee (IND), Benjamín Moreno (PREP), Francisco Undurraga (Evop), Marta González (IND), Marta Bravo (UDI), Emilia Nuyado (PS), Christian Matheson (IND), Sergio Bobadilla (UDI), Jorge Guzmán (Evop), Jorge Alessandri (UDI), Camila Flores (RN), Flor Weisse (UDI), Juan Carlos Beltrán (RN), Daniel Lilayu (UDI) y Gloria Naveillan (IND).
En los comentarios se relevó la labor que realizan los gendarmes, así como su compromiso institucional. Por ello, si bien se estimó pertinente avanzar en esta propuesta para evitar la corrupción y tener un control efectivo, se lamentó las condiciones en las cuales debe trabajar el personal, actualmente.
De tal forma, muchos de los llamados fueron en pro de mejorar las remuneraciones y en aumentar el personal. Se recordó que, en los últimos años, hubo un alza de entre un 30% a un 50% de la población penal, incrementándose con ello la carga laboral de los gendarmes. Asimismo, se observó que carecen de condiciones de seguridad y que, hasta en algunos casos, deben costear sus propios uniformes.
Además, se estimó necesario ampliar esta obligación de declaración de intereses y patrimonio al resto del aparataje público.
En todo caso, también hubo palabras de reconocimiento hacia el Ministerio de Justicia. Se resaltó, por ejemplo, que tras años de estancamiento en materia de infraestructura penal, en el corto plazo se concretará la ampliación de varios penales y la creación de nuevos recintos, uno de ellos de alta seguridad.
Ejecutivo
Por último, en representación del Ejecutivo intervino el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Relevó el papel del personal de Gendarmería y su profesionalismo.
Adicionalmente, relató los avances en pro de fortalecer el sistema penitenciario y en la formación de gendarmes.
Junto a ello, aclaró que, hoy, son 309 altos funcionarios de la institución los que rinden declaración. Con esta ley, se ampliará la obligación a cerca de 20 mil personas. De ahí la necesidad de capacitaciones y de una aplicación escalonada de la ley.
