Un manejo fiscal responsable, moderno, adecuado a los nuevos escenarios políticos y sociales a través de la aplicación de nuevas herramientas. Ese es el objetivo central del proyecto (boletín 14615) aprobado por la Sala de la Cámara en tercer trámite y enviado a fase de promulgación.
La iniciativa se despachó desde la Corporación en diciembre de 2021. Desde ese entonces, el Senado lo abordó, introduciéndole diversas modificaciones de forma y fondo, varias de ellas agregando nuevo articulado, pero manteniendo sus lineamientos generales. En general, la idea es robustecer la institucionalidad de las finanzas públicas, mejorando su calidad, diseño, credibilidad y transparencia.
Así, se espera que el nuevo marco institucional pueda enfrentar y recuperar la estabilidad y capacidad de ahorro del país. Esto último, teniendo como consideración la expansión en el gasto fiscal acontecido en los últimos años, en particular, como consecuencia de la pandemia.
Los objetivos específicos son:
- Complementar la regla de balance estructural (BE) con metas de deuda pública. De esta manera se conserva el foco en un objetivo de BE, pero con justificación explícita de sostenibilidad fiscal.
- Formalizar y regular un procedimiento para los casos en que sea necesario desviarse de las metas de política fiscal.
- Publicación de estimaciones a mediano plazo.
- Evaluación de las metas de política fiscal.
- Elevar a rango legal la obligación de elaborar los informes financieros de proyectos de ley e indicaciones.
Nuevas reglas en responsabilidad fiscal
El texto despachado permite al Presidente de la República establecer las bases de la política fiscal que se aplicará durante su administración. Para ello se definen plazos, formalidades y exigencias específicas, como pronunciarse sobre los efectos que tendrá sobre el Balance Estructural. También un “ancla de deuda” de mediano plazo, medido a través de la deuda bruta del Gobierno Central Total como porcentaje del PIB.
Igualmente, se definen requerimientos sobre la metodología utilizada en los diversos cálculos y normas de fiscalización e información de cumplimiento de metas. Pero, además, se abre la opción de apelar a una “cláusula de escape” que permitirá adecuar la meta de Balance Estructural. Para el uso de esta herramienta se establecen diversos requerimientos, incluido la justificación detallada de las razones que impulsaron la enmienda.
En este marco, el Senado introdujo un amplio marco de precisiones para regular la aplicación de esta cláusula. Así, especifica que la herramienta permitirá al Gobierno desviarse, por hasta dos años, de las metas fiscales, hacia resultados más deficitarios, con mayores niveles de endeudamiento.
Se remarca que sólo se podrá apelar a ella frente a eventos extraordinarios y transitorios, ajenos al accionar propio de la administración y que ocasiones un deterioro significativo en la actividad económica, el empleo o perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica y/o social del país, que exija un desembolso de recursos fiscales más allá del que permitan los objetivos de Balance Estructural y Endeudamiento.
Entre las causales posibles se consideran:
- La ocurrencia de uno o varios desastres naturales.
- Eventos nacionales que ocasionen un deterioro significativo de las condiciones macroeconómicas.
En paralelo, se exigen medidas correctivas para retornar a una situación fiscal sostenible. Para esto se consideran las debidas informaciones al Congreso y al Consejo Fiscal Autónomo, así como plazos.
Dipres
En otra línea, se da rango legal a la obligación entregada a la Dirección de Presupuestos (Dipres) de elaborar los informes financieros de los proyectos de ley y convenios internacionales que presente a trámite legislativo el Presidente de la República. En este marco se especifican plazos, requerimientos formales y exigencias mínimas de información, entre otros puntos.
De igual modo, se exige a la Dipres informar anualmente sobre materias referidas a la eficiencia del gasto público. Una de ellas apunta a los resultados de las evaluaciones de programas. La otra refiere a la planificación estratégica de los organismos de la administración del Estado.
A lo anterior se suma un informe trimestral con la actualización del escenario fiscal, que considere una proyección de ingresos y gastos. También una proyección del balance efectivo y cíclicamente ajustado, la proyección de deuda y la posición financiera neta para el año en curso, el siguiente y para el programa financiero, en cada caso.
Otras normas refieren a condicionantes y requerimientos para el uso del Fondo de Reserva y Fondo de Estabilización Económica y Social. Junto a ello, se introducen normas que facultan al Presidente para contraer obligaciones, emitir y colocar bonos u otros valores representativos de deuda pública, en moneda nacional o extranjera. El objeto es que sean parte de intercambios temporales de valores, en el contexto de un programa de formadores de mercado.
Por último, entre otras variadas normas, se entregan nuevas facultades al Consejo Fiscal Autónomo en línea con las herramientas que se introducen en esta ley.
Debate
En el debate expusieron Miguel Mellado (RN), Francisco Pulgar (IND), Boris Barrera (PC), Jaime Sáez (FA), Agustín Romero (PREP), Johannes Kaiser (IND), Ana María Gazmuri (PAH), Camila Rojas (FA), Gael Yeomans (FA), Matías Ramírez (PC), Héctor Barría (DC), Diego Schalper (RN), Daniela Serrano (PC), Daniel Lilayu (UDI), Gustavo Benavente (UDI), Leonidas Romero (IND), Jaime Naranjo (PS), Nathalie Castillo (PC), Lorena Pizarro (PC) y Joanna Pérez (DEM).
Representantes del Frente Amplio, PAH y PC dijeron estar a favor de establecer normas de responsabilidad fiscal. Sin embargo, fueron críticos con el proyecto y varios anunciaron su voto contrario.
En particular, criticaron algunas de las nuevas facultades del Consejo. También argumentaron que se restringían las capacidades del Gobierno para actuar frente a emergencias o para avanzar en derechos sociales. Asimismo, sostuvieron que el nivel de deuda en Chile no es tan significativo como para autoimponerse esas trabas.
Una visión distinta expresaron diputados y diputadas de oposición. En general, desde RN, UDI, Republicanos, DEM y DC, además de algunos independientes, resaltaron la importancia de definir un sistema de responsabilidad fiscal fuerte y anunciaron su apoyo a la propuesta.
Valoraron las facultades del Consejo, así como las nuevas obligaciones de información. Igualmente, la necesidad de mantener una deuda fiscal controlada.
Ejecutivo
En representación del Gobierno intervino el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Relató que las nuevas facultades del Consejo Fiscal Autónomo son, más bien, para entregar una opinión informada sobre políticas adoptadas por la autoridad en materia fiscal, sin posibilidad de intervenir en ellas.
Relevó marcadamente la necesidad de mantener una deuda fiscal acotada, ya que ello también favorece a una clasificación positiva del rango país a nivel internacional.
Ejemplificó señalando que un nivel de deuda alto aumentaría nuestro nivel de riesgo. Así, el dinero que se podría destinar a políticas sociales, finalmente, se terminaría pagando en intereses de dicha deuda. Por ello defendió que costos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes y no por la vía de aumentar la deuda.
En este marco, también destacó la opción de tener normas de flexibilidad frente a una crisis importante, pero acotadas en el tiempo y con un norte de recuperación hacia la meta fijada previamente.
La iniciativa, finalmente, se sancionó favorablemente tras ocho votaciones separadas, alcanzándose en todos ellas los quórums requeridos.
