El director nacional de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, asistió con diversos jefes de brigada a la comisión que investiga los actos del Gobierno frente a eventuales deficiencias del Sistema de Inteligencia; así como, también, la vulneración de la integridad territorial por parte de grupos criminales y la protección para personas refugiadas (CEI 50).
Tras la exposición, el diputado Leonidas Romero (IND) consultó sobre las estrategias y prioridades del organismo policial para abordar el crimen organizado. A su vez, sobre la evolución del delito de secuestro en Chile.
Al respecto, el director de la PDI explicó que el crimen organizado tiene estructuras, roles y movimientos definidos, y vínculos con el extranjero. Asimismo, una permeabilidad con las organizaciones de control en nuestro país. En cuanto a los delitos que comenten, se encuentra el tráfico de drogas, el robo, la trata de personas con fines sexuales y laborales y, delitos medioambientales.
Cerna informó que se están implementando Brigadas de Lavado de Activos en todas las regiones para buscar el patrimonio de las organizaciones criminales. Por otro lado, existen equipos multidisciplinarios y se está fortaleciendo la capacidad de análisis de múltiples factores. Además, integrar información de extranjería.
En cuanto a los desafíos, el inspector general Paulo Contreras indicó que no sólo debe existir una mirada policial, sino también una mayor interconexión e interoperatividad con otros organismos. Entre ellos, el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y la Policía Marítima.
Sobre las infiltraciones que dispone el Ministerio Público, afirmó que el personal está preparado para operaciones encubiertas.
Secuestro y crimen organizado
En relación al delito de secuestro, el jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros, Hassel Barrientos, indicó que estos han aumentado desde el segundo semestre de 2021. Antes había una ocurrencia de 15 secuestros al año, vinculados a bandas criminales locales de narcotráfico. En 2021, los secuestros alcanzaron 26 casos; en 2022, 46 secuestros; en 2023, 56 casos, y en 2024 ya van 31.
Sostuvo que hoy, principalmente, se trata de bandas de venezolanos que secuestran a connacionales y, en casos muy puntuales, a chilenos que participan en actividades comerciales o negocios donde existen migrantes en situación irregular. Al respecto, dijo que se han logrado desbaratar más de 12 bandas criminales ligadas al secuestro, las que, además, cometen múltiples delitos, por lo que trabajan coordinados con las brigadas de homicidios y crimen organizado.
Por su parte, el jefe de la Brigada de Investigación del Crimen Organizado, Juan Pablo Pardo, explicó que el crimen organizado está presente en el Cono Sur y actúa realizando lesiones, uso de armas de fuego y secuestros. Agregó que se debe perseguir la huella del dinero, porque tienen empresas de fachada para blanquearlo.
Sin embargo, destacó que han tenido buenos resultados en desbaratar al “Tren de Aragua”, de Venezuela, que se divide en células a lo largo del país. Ya sea con “Los Gallegos” en el norte, “Los Piratas” en la zona central y otra que investigan en el sur del país. También, desarticularon la banda “Los Pulpos”, de Perú.
Control Migratorio
Otro punto consultado fue el control migratorio, los ingresos irregulares de adultos y menores, y las reconducciones. Así, el diputado Matías Ramírez (PC) pidió las cifras, porque existe percepción de que los ingresos ilegales en Colchane han disminuido respecto de 2019-2020.
Mientras, Claudia Mix (Comunes) planteó la preocupación por niños, niñas y adolescentes que puedan ser utilizados en la trata de personas. La parlamentaria recordó que en Venezuela son inscritos legalmente recién a los 8 ó 9 años.
El jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional, Christian Sáez, informó que entre 2022 y 2023 existe una baja de -43% respecto a ingresos clandestinos. Agregó que los extranjeros son denunciados ante el Servicio Nacional de Migración y Extranjería.
En cuanto a las reconducciones, explicó que estas se dividen en materializadas -cuando el extranjero retorna a su país- y las no materializadas -las personas son denunciadas-, las que, principalmente, corresponden a ciudadanos venezolanos que permanecen en Chile.
Agregó que, en la región de Tarapacá, las personas denunciadas han disminuido desde 2021 a 2024. En 2021 hubo 13.078 denuncias; en 2022 15.577; en 2023, 8.700; y en 2024, 837 personas.
Sobre los menores de edad sin documentos de identidad, sostuvo que cuando vienen con padres, parientes o cuidadores y no tienen identidad, no son denunciados. Pero, precisó, se asocian a la denuncia de los adultos con que ingresaron. Agregó que, en la zona norte, existe un juzgado de familia en el lugar que determina la protección de los menores en ciertos casos.
Convenio Venezuela y refugiados
Finalmente, el director de la PDI, Eduardo Cerna se refirió al convenio de cooperación con Venezuela. Informó que este ha operado en forma oportuna con la policía de ese país, respecto a la identificación de las huellas dactilares de los venezolanos relacionados a los homicidios del exmilitar Ronald Ojeda y del carabinero Emmanuel Sánchez.
Luego de las consultas de las y los diputados, la sesión se declaró secreta.
