La Sala de la Cámara despachó un nuevo proyecto de la agenda de seguridad al Ejecutivo para su promulgación como ley. Se trata de la propuesta (boletín 15028) que establece, con mejor precisión, criterios y principios orientadores en materia de determinación de la prisión preventiva.
La iniciativa modifica el Código Procesal Penal para sus fines. Se revisó en tercer trámite, donde se respaldaron la totalidad de las modificaciones del Senado, por 133 votos a favor y una abstención.
El proyecto se enfoca en el artículo del citado Código que establece las condiciones para que el tribunal, a petición del Ministerio Público o del querellante, decrete la prisión preventiva.
Dicha disposición declara que será plausible, cuando existan antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación. De igual modo, cuando la libertad del imputado sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido. También si existe peligro de que el imputado se dé a la fuga.
El texto considera condicionantes para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa. Así, establece que el tribunal deberá considerar, especialmente:
- La gravedad del hecho.
- La gravedad de la pena asignada al delito.
- El número de delitos que se le impute y el carácter de estos.
- La existencia de procesos pendientes.
- El hecho de haber actuado en grupo o pandilla o formando parte de una organización o asociación.
Otras consideraciones
Luego, se adicionan otras consideraciones que los jueces deberán tomar en cuenta, atendiendo al hecho que la libertad del imputado constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad. Particularmente, apunta a cuando se hubiese actuado haciendo uso de arma de fuego u otras señaladas en la Ley 17.798, sobre control de armas.
Otra norma que agregó el Senado en el mismo marco refiere a cuando el imputado, en los últimos dos años, hubiese sido reiteradamente objeto de medidas cautelares personales de detención o prisión preventiva. De igual modo, si fue privado de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el propio imputado señale (si aquélla se encuentra fuera de la ciudad asiento del tribunal), si éstas se hubiesen decretado por delitos que tengan asignada pena aflictiva.
Por último, el Senado adicionó una última consideración en las excepciones a la norma que define la improcedencia de la prisión preventiva. De tal modo, se aclara que esta medida se podrá decretar cuando el imputado no asista a la audiencia del juicio oral, incluyendo el juicio simplificado.
Discusión
En el debate participaron Raúl Leiva (PS), Bernardo Berger (RN), Francisco Pulgar (IND), Andrés Jouannet (AMA), Lorena Fries (PCS), Marcela Riquelme (IND), Marisela Santibáñez (PC), Marcos Ilabaca (PS), Marta Bravo (UDI), Marta González (IND), Víctor Alejandro Pino (IND), René Alinco (IND), Vlado Mirosevic (PL), Alejandra Placencia (PC), Jorge Guzmán (Evop), Cristián Araya (PREP), Henry Leal (UDI), Cristián Tapia (IND), Diego Schalper (RN), Stephan Schubert (IND), Roberto Arroyo (PSC), Sergio Bobadilla (UDI), Andrés Longton (RN), Flor Weisse (UDI), Luis Sánchez (PREP), Álvaro Carter (UDI), Jaime Mulet (FRVS), Luis Malla (PL), Joanna Pérez (DEM), Ana María Bravo (PS), Juan Carlos Beltrán (RN), Natalia Romero (IND), Enrique Lee (IND), Miguel Mellado (RN), Sebastián Videla (IND), Nelson Venegas (PS), Sara Concha (PSC), Gaspar Rivas (PDG), Leonardo Soto (PS), José Carlos Meza (PREP), Juan Antonio Coloma (UDI), Miguel Ángel Calisto (IND), Maite Orsini (RD), Lorena Pizarro (PC) y Yovana Ahumada (IND)
Los discursos fueron en línea de apoyar la iniciativa, aunque algunos estimaron que se debió impulsar antes. Igualmente, se valoró que se entreguen criterios más específicos a los jueces para decretar la prisión preventiva. Con ello se resta opciones para que salgan en libertad quienes han cometido delitos de gravedad.
Un ejemplo reiterado en las intervenciones fue el caso de los antisociales que ocasionaron hechos de violencia en Quinta Normal, que al día siguiente salieron en libertad. Tal situación se refutó por diputadas y diputados de distintos sectores.
También hubo quienes expresaron preocupación por la cantidad de armas que existen en el país. En este marco, se llamó a un mayor control, en particular, porque llegan de forma clandestina y se usan por bandas criminales.
Otra preocupación fue la de tener más cárceles, segregadas según gravedad de los delitos. Asimismo, se urgió por el ingreso de un proyecto que crea la medida cautelar intermedia de monitoreo telemático. Junto a ello, se pidió la concreción de tribunales de ejecución de penas. Por otra parte, se valoró el anuncio del Gobierno de la futura creación de una Defensoría de las Víctimas.
En representación del Ejecutivo intervino el ministro de Justicia, Luis Cordero. Planteó que, afirmar que el sistema está desbordado, no solo es un problema del Gobierno, sino de la institucionalidad en su conjunto. En tal marco, relevó la importancia de este proyecto y del que establece reglas especiales tratándose de reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios (boletín 16037), también despachado hoy a ley.
