En una rápida votación, la Comisión de Gobierno Interior aprobó y despachó el proyecto que declara feriados regionales en Antofagasta y Coquimbo (boletín 16234).
Específicamente, el mensaje establece feriado el 8 de septiembre de 2023 en Antofagasta, con motivo de la celebración de la fiesta religiosa de Nuestra Señora de Guadalupe de Ayquina.
Por otra parte, declara feriado el 20 de septiembre de este año en la región de Coquimbo. En este caso, se festeja la tradicional fiesta de La Pampilla.
De acuerdo a lo que señaló la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, estos feriados tienen un impacto fiscal. En el caso de Antofagasta, es cercano a los 1.200 millones; y, en Coquimbo, de poco más de 330 millones de pesos.
Por tal razón, la Comisión de Hacienda deberá analizar la propuesta antes de votarse en la Sala, en la sesión de este miércoles 6 de septiembre.
Protección de refugiados
Junto con los feriados regionales, la comisión también analizó el proyecto que modifica la normativa sobre refugiados (boletín 16034). Para esto, recibieron la exposición del director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer.
La norma fue previamente analizada por el Senado. El director explicó que el texto incorpora una etapa inicial en el procedimiento de determinación de la condición de refugiados de las personas. El objetivo de esta fase es evaluar si las solicitudes se ajustan a lo establecido en la Ley de protección de refugiados.
De ser así, señala que el director del Servicio de Migraciones resolverá que se continúe con el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado. Esto permitiría otorgar a la persona refugiada y a su familia una visa de residencia temporal por 8 meses.
En el caso contrario, el servicio emitirá una resolución explicando cuáles requisitos no se han cumplido. Así, el solicitante tendrá un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución, para corregir las observaciones.
El proyecto establece, entre otros puntos, que la solicitud de refugiado deberá ser presentada en el plazo de 10 días desde el ingreso al territorio nacional. Junto a esto, señala que la etapa inicial al procedimiento no podrá tener una extensión superior a 90 días hábiles.
Si bien la norma se encontraba con urgencia calificada de “discusión inmediata” (seis días para el trámite), el Ejecutivo amplió el plazo de tramitación. Esto, debido a que las y los diputados solicitaron más tiempo para analizar el proyecto.
En esta misma sesión, la instancia continuó con la votación del proyecto que avanza en la transparencia, fiscalización y probidad de los municipios (boletines 14594 y 15523). En la sesión participó para este punto el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.
