Por 118 votos a favor y dos abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la conformación de una comisión especial investigadora destinada a analizar el papel que cumplen las entidades privadas de asesoría financiera y, particularmente, el rol fiscalizador que respecto de ellas cumplen diversos organismos del Estado.
En concreto, se trata de una instancia que vendrá a fiscalizar los actos del Gobierno, en particular, del actuar de la Superintendencia de Pensiones, de la Comisión para el Mercado Financiero, del Servicio Nacional del Consumidor y de cualquier otro órgano pertinente, en cuanto encargados, en su caso, de la fiscalización o regulación de la operación de los denominados “asesores o consejeros financieros”.
En tal sentido, el grupo parlamentario deberá analizar la supervisión que se ejerce respecto de personas, tanto naturales como jurídicas, que otorgan consejos o recomendaciones a los cotizantes para la administración de sus fondos previsionales acumulados en las cuentas de capitalización individual, que gestionan las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP).
En sus fundamentos, los solicitantes explican que es necesario aclarar cómo operan estas entidades y cuáles son los mecanismos de control vigentes, dados los vacíos regulatorios que existen y que no permiten certificar debidamente o acreditar la validez del servicio que estas prestan, ni tampoco si existen tras ellas segundos intereses, desconocidos por la ciudadanía.
Para el cumplimiento de su propósito, la referida comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
