En octubre de 2020 debía comenzar la puesta en marcha de la segunda etapa de la Ley 21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales. En esta fase, corresponde que se incorporen al sistema las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos.
Sin embargo, de acuerdo a lo señalado en la Comisión de Constitución por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, solo se ha alcanzado un 47% de avance en la formación de entrevistadores y, a la fecha de entrada en vigencia de la norma, solo se tendría un 65% de la construcción y habilitación de salas especiales para la realización de estas entrevistas.
Frente a esta realidad y al evidente retraso que también tendría la implementación de la tercera etapa, que debería concretarse en octubre de 2021 y que comprende a las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Los Lagos y Metropolitana, es que el Ejecutivo solicitó el respaldo del proyecto (boletín 13630) que permite prorrogar los alcances de esta ley.
Contenido del proyecto
En el proyecto se propone que la segunda etapa de implementación rija a partir de un año desde la forma dispuesta en la ley, entrando en régimen el 3 de octubre de 2021. En cuanto a la tercera etapa, se solicita que sea 15 meses posterior a la fecha establecida en la norma, con lo que debería implementarse en enero de 2023.
En los antecedentes de la iniciativa se señala que el tiempo de prórroga se determinó de acuerdo a lo señalado en mayo por la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, de acuerdo a lo solicitado por la Subcomisión de Implementación de la Ley de Entrevistas Videograbadas.
Las instancias explicaron que el retraso se debe a las dificultades por las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria, que provocó retrasos en la disponibilidad de infraestructura, formación y acreditación de entrevistadores y sensibilización y capacitación de funcionarios/as pertenecientes al Ministerio Público, Poder Judicial, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile.
Debate en la Comisión
Tras la exposición del ministro se señaló la postura de la Defensoría de la Niñez que, a través de un documento, consideró excesivo el plazo demandado y alegó que no se estaría considerado el interés superior de niñas, niños y adolescentes al realizar esta solicitud.
Dicha crítica fue compartida por las y los diputados que intervinieron en la Comisión, tanto de oposición como oficialistas, y señalaron que, en este término, no se votaría a favor del proyecto.
Plantearon que no se entiende que no sea posible avanzar, por ejemplo, de manera telemática en la capacitación de las y los funcionarios involucrados, mirada que fue respaldada por la representante de la Unicef, Ludmila Palazzo, quien, incluso, ofreció la colaboración de la organización para acelerar los procesos de formación en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Frente a eso, se llegó a un acuerdo con el Ministerio, en orden a que, en la sesión del martes 14 de julio, el secretario de Estado presente antecedentes fundados de las instituciones que solicitan la ampliación de los plazos para poder llegar a una fecha de permita la aprobación de la propuesta. De acuerdo a lo señalado por el ministro, esta podría ser de seis meses en cada una de las etapas.
Tras este debate, la Comisión continuó con el segundo punto de la tabla y avanzó en la votación en particular del proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil e Introduce Modificaciones a la ley sobre Responsabilidad Penal de Adolescentes (boletín 11174).
