La Comisión de Constitución de la Cámara recibió el testimonio de representantes diversas asociaciones de funcionarios de Gendarmería, quienes relataron las complejidades que han vivido desde la llegada del coronavirus al país.
Desde la Asociación de Gendarmes de Chile (Agech), Pablo Jaque sostuvo que, si bien los traslados obedecen a una orden institucional, la preocupación se centra en los funcionarios de regiones.
“Entendemos que hay medidas que se toman por seguridad y que es necesario segregar a la población penal y derivarlos donde sí existen espacios para la contención, pero traslados, como los que enfrentará el Biobío, debieran tener otro carácter y programación”, detalló.
Dijo que hay preocupación en el personal, porque no saben cuántos de estos internos están contagiados, por lo que podría ser complejo para la salud de las regiones frente a la capacidad hospitalaria de dichos lugares.
“Quisiéramos que el Minsal realice exámenes y test necesarios cuando se hagan los traslados”, enfatizó.
Juan Carlos Muñoz, de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (Adiptgen), destacó la labor de los trabajadores de la salud al interior de los recintos y pidió que se tome en cuenta la realidad del personal a contrata, entre otros.
Por su parte, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en voz de su representante, Benito Saravia, puntualizó que el hacinamiento y la falta de infraestructura perjudican la situación, a la vez que la contratación de más personal de salud es vital para enfrentar los casos. Por último, estimó que las plazas disponibles y los traslados son otro de los ámbitos que deben ser atendidos.
“En este punto deben intensificarse los testeos para los traslados. Descongestionar las cárceles altamente hacinadas de manera responsable es la clave para enfrentar la situación. Traslados responsables de las cárceles públicas a las concesionadas es salvar vidas”, subrayó.
Pedro Espinoza, de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile (Ansog), afirmó que no se oponen a los traslados de internos, pero con responsabilidad.
“Queremos tener la certeza de que van en buenas condiciones a las unidades penales concesionadas que reciben a la población penal que sale de Santiago”, acotó.
El funcionario también solicitó apoyó en elementos de seguridad para el personal, ya que, hoy en día, según explicó, los internos no reaccionan de la misma manera.
“Los chalecos antibalas o anti puñal debemos traspasarlos entre compañeros y el virus puede ir ahí… no se hace un aseo permanente al armamento”, añadió.
Llamó encarecidamente a que el Estado invierta en la seguridad para realizar el trabajo como corresponde. “Que contrate más personal de salud para no realizar salidas a los servicios de urgencia. Por último, necesitamos que se regularice el tema de los teléfonos en las unidades”, propuso.
Finalmente, desde la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop), Mario Benítez solicitó que la enfermedad sea declarada profesional para el personal de Gendarmería. “Que se atiendan las consecuencias para el personal”, puntualizó.
Agregó que han manifestado al Ministerio de Hacienda la preocupación por la falta de reposición del personal de salud, que son los que prestan la atención primaria, así como nuevas contrataciones que atiendan a la población penal.
La Comisión, en tanto, acordó que el ministro de Justicia asista a la próxima sesión en orden a explicar estas materias y también la información publicada sobre la autorización de cerca de dos mil celulares a recintos penitenciarios debido a la suspensión de visitas.
