La Comisión Investigadora 23 que analiza la situación carcelaria en el país realizó una nueva ronda de audiencias. La instancia recibió al Jefe Nacional del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, Pablo Aranda.
En la oportunidad, el personero hizo una relación respecto de hechos delictuales, número de detenidos, penas sustitutivas y saturación de los centros penitenciarios.
Sostuvo que la crisis carcelaria responde a diferentes factores que se pueden resumir en tres aspectos. Se trata de problemas de segregación, principalmente en módulos femeninos y de migrantes; la tardanza en las políticas de reinserción social juvenil; y la proliferación de una legislación que automatiza la prisión preventiva.
En el primer caso explicó que, por ejemplo, hoy está prohibida la expulsión de mujeres extranjeras vinculadas al ingreso de droga (burreras). Lo anterior significa que no hay juicio abreviado, sino que juicio oral, lo que alarga los plazos de prisión preventiva.
A ello se suma que el cumplimiento de la pena es efectivo, sin posibilidad de pena sustitutiva. Dicha situación hace que Chile sea un país receptor de detenidos, cuyos casos se van acumulando.
Expresó además su inquietud por el trabajo del parlamento, que impulsa diversas “leyes con nombre” para delitos específicos. Advirtió que ello aumenta la prisión preventiva. “Se legisla para tener más gente privada de libertad y eso se está cumpliendo”, precisó.
En la sesión expusieron también funcionarios de Gendarmería, a cargo de penales en la región de la Araucanía.
Se trata del alcaide del Centro de Educación y Trabajo, CET, de Victoria, María Ampuero; el alcaide del Centro de Educación y Trabajo, CRS, de Temuco, Héctor Inostroza; y el alcaide del Centro de Educación y Trabajo, CDP, de Angol, Richard Jaque.
Los tres dieron cuenta de la situación al interior de los respectivos recintos, en materia de hacinamiento y condiciones laborales.
