Con el objeto de alcanzar acuerdos, la Comisión de Constitución pospuso la votación del articulado del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. (boletín 15661)
Frente al ingreso de numerosas indicaciones, impulsadas por parlamentarios de todos los sectores, la instancia acordó consensuar un texto junto al Ejecutivo, que también anunció modificaciones para perfeccionar el cuerpo legal.
El acuerdo fue confirmado por el presidente del grupo legislativo, diputado Raúl Leiva (PS). La idea es que los equipos técnicos presenten una propuesta para votar y despachar la norma, en segundo trámite constitucional, la próxima semana.
En la oportunidad expuso el subsecretario de Justicia y DDHH, Jaime Gajardo, quien señaló que el Gobierno impulsa modificaciones relacionadas principalmente con la protección de los intervinientes.
El objetivo es mejorar las medidas para la protección de fiscales, ampliar el rango de protección de los querellantes y permitir que, en los casos de delitos graves, los jueces de garantía puedan mantener una reserva de identidad.
Respecto de la protección de testigos, víctimas y agentes policiales, la idea es consagrar un recurso de apelación que permita recurrir ante un dictamen que proporcione la identidad de denunciantes o agentes, con el objeto de que sea la respectiva Corte de Apelaciones quien resuelva.
Asimismo, se busca establecer una forma especial de comparecencia solo para casos de crimen organizado, que permita el desarrollo de juicios telemáticos siempre y cuando se garantice que el defensor pueda acceder a una sala privada para el contacto con el defendido.
Tasas de reincidencia
Cabe recordar que la iniciativa busca establecer una reforma integral del sistema penal, con miras a una aplicación real de las penas. De esta forma persigue un aumento de las probabilidades de condena efectiva y una rebaja en las tasas de reincidencia.
Todo lo anterior con la finalidad de modificar sus resultados actuales, sin reducir garantías procesales ni afectar los mecanismos de resocialización existentes.
Para obtener lo anterior se modifican diversas normativas, con el objeto de que, en el caso de los reincidentes, se pueda permitir una persecución penal más eficiente.
El texto establece normas que permiten acceder a la suspensión condicional si es que el imputado se somete a tratamiento de rehabilitación de alcohol y/o drogas; así como dispone la existencia de un procurador común en los casos en que haya uno o más querellantes en un mismo proceso.
Adicionalmente, fija normas de protección a los fiscales en casos especiales y también establece disposiciones de cooperación eficaz.
