Un duro traspié sufrió el Gobierno en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. Ello, porque la instancia rechazó todos los cambios que propuso a la normativa que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas, e incorpora mecanismos eficientes de restitución (boletines refundidos 14015 y 13657).
El proyecto fue aprobado en general por la Sala en sesión de este miércoles, siendo derivado de inmediato a la comisión, con el objeto de buscar acuerdos en diversos aspectos que el Ejecutivo buscaba modificar. Lo anterior, debido a que, durante la tramitación, se incluyeron al texto varios aspectos que alteraban su idea matriz.
Sin embargo, pese a la presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien expuso las indicaciones, estas fueron rechazadas.
Así, se cayeron aspectos como considerar la precariedad económica de quienes realicen tomas o usurpaciones, normas sobre catastro anual de campamentos y revertir la legítima defensa privilegiada que, a juicio del Gobierno, da pie a que los propietarios busquen hacer justicia por su cuenta, lo que derivaría en enfrentamientos entre las personas.
De esta forma, el texto vuelve a la Sala en las mismas condiciones en que se despachó hace una semana desde la comisión. A consideración del Ejecutivo, quedaría para tabla el próximo 23 de agosto.
Ocupaciones ilegales
Cabe recordar que el proyecto establece sanciones más estrictas al delito de usurpación de propiedades. Modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes.
Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito.
Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado.
Adicionalmente, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.
