La Comisión de Seguridad Ciudadana despachó a la Sala el proyecto que modifica la Ley 18.216. La norma amplía las hipótesis de expulsión como pena sustitutiva (boletín 15408).
El texto legal establece la consagración de una pena mixta para las personas extranjeras condenadas. Así, dicho precepto permite al tribunal interrumpir el cumplimiento de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, para reemplazarla por la pena sustitutiva de expulsión.
Se establece que, en ningún caso, podrá imponerse la pena que se estipula a los delitos mas graves de la Ley 20.000. Entre otros se especifican la fabricación y elaboración de sustancias, el tráfico y la asociación ilícita.
Además, indica que el tribunal deberá citar a la víctima, si la hubiese, pudiendo asistir y ejercer su derecho a ser oída a fin de que se considere su declaración antes que se decrete el reemplazo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta por la pena sustitutiva de expulsión.
La persona condenada no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de diez años, contado desde la fecha de la sustitución de la pena. En caso de que regrese al territorio nacional dentro del plazo señalado, se revocará la pena de expulsión. En su reemplazo deberá cumplir, producto del quebrantamiento, la pena de presidio o prisión por la mitad del tiempo que le falte por cumplir del plazo.
Asimismo, se especifica que no podrá ser objeto de ninguna de las penas sustitutivas.
Se advierte que para efectos de esta ley, se entenderá como el momento en que la persona condenada regresa al territorio nacional, el de su detención, a menos que exista prueba en contrario.
Microtráfico
En un segundo punto, la comisión analizó y aprobó en general el proyecto sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, para mejorar la persecución del microtráfico (boletín 15355).
Se entenderá por pequeñas cantidades aquellas que permitan racionalmente suponer que, en su conjunto, equivalen a no más de diez dosis para consumo individual inmediato.
De acuerdo a lo anterior, se sancionará el que posea, transporte, guarde o porte consigo una cantidad superior a la señalada, sin la justificación necesaria.
Participaron del debate: Juan Castro Bekios, fiscal jefe del Sistema Regional de Análisis Criminal de Antofagasta; Leonardo Moreno, asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública; el general Álex Chaván, director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros; y Mauro Mercado, jefe nacional de Criminalística de la Policía de Investigaciones.
Por último, la comisión también despachó a la Sala el proyecto que modifica el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva por uso de armas de fuego o pertenencia a una organización criminal (boletín 15028).
