Analizar la situación de la inversión extranjera en sectores estratégicos de la economía nacional, en especial, la compra de CGE por parte de la empresa china State Grid y sus impactos en la concentración del sector eléctrico, fue el objeto de la sesión especial de la Sala realizada por la Cámara de Diputadas y Diputados.
En la oportunidad, las y los parlamentarios revisaron las distintas implicancias que tendrían estas inversiones de empresas chinas en el sector eléctrico nacional, particularmente, desde el punto de vista de la integración vertical de los distintos segmentos de generación, transmisión y distribución, ello tras el anuncio de que la empresa china State Grid adquirirá un 96,04% de la empresa eléctrica de distribución CGE.
A ello, se suma la exposición de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante la Comisión de Economía de la Cámara, respecto de que dicha empresa china también tendría otra serie de inversiones en el sector eléctrico nacional. En el sector transmisión sería dueña del 100% de Eletrans I, Eletrans II y Eletrans III; en tanto que en el sector distribución sería dueña del 100% de Chilquinta.
El cuadro se completa si se aprecia que otra empresa china, State Power Investment Corporation (SPIC), compró el 100% de la generadora Pacific Hydro; y que, en marzo de 2018, China Southern Power Grid (CSPG) compró el 27.79% de la transmisora Transelec.
En el tiempo previo de la sesión hizo uso de la palabra el diputado Jaime Naranjo (PS), quien señaló que realizar esta sesión no se trata de estar en contra de la inversión extranjera, sino que de velar porque se haga ordenadamente.
“Hay bienes superiores que resguardar como la soberanía y la seguridad nacional, que no deben quedar supeditados al mercado… ¿Alguien se imagina que un Estado, cualquiera sea, deje aspectos estratégicos tan sensibles en manos de otro Estado?”, interrogó.
También en el tiempo previo hizo uso de la palabra el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien señaló que también debe evaluarse el riesgo geopolítico de que una empresa estatal china se haga cargo de la distribución eléctrica para millones de personas.
“Hay riesgo o no de que una empresa estatal extranjera pueda, además, utilizar datos sensibles de la población chilena, sobre todo cuando estamos hablando de un Estado no democrático como la República Popular China”, señaló el legislador.
Ejecutivo
A nombre del Ejecutivo intervino, en primer término, el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien se refirió a los niveles de inversión extranjera, en el marco de las políticas económicas abiertas que imperan en nuestro país.
El secretario de Estado señaló que Chile ha adoptado medidas relativas al cumplimiento de la ley de libre competencia, a lo que se suman regulaciones existentes en la legislación nacional destinadas al resguardo de la seguridad y soberanía.
Palacios destacó, además, la importancia de la inversión proveniente de China, país que se ha convertido en el principal socio comercial de Chile. Agregó que, respecto del caso que motivó la sesión especial, la Fiscalía Nacional Económica ya resolvió que esta no afectará la competencia en el mercado.
En esa línea, el titular de la FNE, Ricardo Riesco, señaló que el organismo que encabeza debe revisar si la operación financiera en cuestión puede o no cambiar la estructura del mercado en perjuicio de los usuarios. Precisó que la conclusión a la que se llegó es que la compra de la empresa CGE no se traduce en que se afecte la calidad del servicio que se entrega a los clientes.
Adicionalmente, participaron el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, y el superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila, quienes abordaron el tema de la fiscalización del servicio eléctrico.
Intervinieron en el debate las y los diputados UDI Pedro Pablo Alvarez-Salamanca y Celso Morales; PR Alexis Sepúlveda; RN Ramón Galleguillos; PC Daniel Núñez; FRVS Jaime Mulet; PS Luis Rocafull; e independiente Pepe Auth.
Resoluciones
Al término de la jornada se aprobaron dos resoluciones, por intermedio de las cuales la Cámara solicita al Presidente de la República que se otorgue urgencia de discusión inmediata (seis día para el trámite) al proyecto que establece una modernización y mejoramiento de los procedimientos de concesión de distribución de agua potable y establece nuevas causales de caducidad de derechos.
Asimismo, se solicita al Mandatario la promoción de políticas públicas que apunten a regular las tarifas de los servicios básicos para que reflejen el mínimo costo de producción y reposición y dejen de tener rentabilidades privadas excesivas a costa del consumidor.
Además, se solicita que se ordene la intervención de la compañía general de electricidad y se exija a los controladores la inversión que sea necesaria, con el objeto de evitar los cortes de energía en las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble, los que derivan de la ineficiencia de esta compañía.
