Constitución continuó debate de proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil

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Comisión de Constitución

La Comisión de Constitución avanzó en la discusión y votación en particular del proyecto de ley que crea el “Servicio Nacional de Reinserción Juvenil e Introduce Modificaciones a la ley N° 20.084, sobre Responsabilidad Penal de Adolescentes, y a otras normas que indica” (Boletín N° 11.174).

El grupo parlamentario concentró el debate de la sesión en el artículo 9, sobre el deber de reserva y confidencialidad de los datos personales de los jóvenes sujetos de atención del servicio;  el que concitó preocupación por parte de los parlamentarios por la seguridad de la información de estos y el resguardo en el manejo de sus datos para fines de investigación académica o judicial, por ejemplo.

El artículo, que fue aprobado por los parlamentarios, es el primero de tres que abordan esta materia y que han sido objeto de opiniones de diversos expertos y organizaciones vinculadas con la niñez. Al respecto, la comisión continuará en la próxima sesión con la votación de los referidos a la causal de reserva legal y la responsabilidad del tratamiento de los datos personales.

Previamente, la instancia aprobó, con modificaciones, el artículo 7, referido al principio de coordinación, el cual establece que el Servicio coordinará la atención adecuada y oportuna de los órganos de la administración del Estado competentes que se requieran para el cumplimiento de las medidas y sanciones de la ley, los que serán responsables de la provisión y pertinencia de las prestaciones requeridas.

Para los efectos de la correcta implementación de las derivaciones y protocolos de trabajo emanados del Comité Operativo Regional,  regulado en esta ley, cada organismo o servicio que entregue prestaciones a los sujetos de atención del Servicio deberá designar, para el cumplimiento de esa función, al menos a un funcionario a contrata o de planta dentro de su personal.

Asimismo, también se aprobó con modificaciones, el artículo 8, sobre el principio de innovación, que establece que en el desarrollo de los programas para la ejecución de las medidas y sanciones, el servicio buscará integrar de manera permanente tanto la innovación que provenga de su propio ejercicio, como de la participación pública o privada.

Esto con el fin de ampliar y mejorar, sostenidamente, la calidad de los programas, enriqueciéndolos con las mejores prácticas e iniciativas desarrolladas, a través de la investigación y sistematización de experiencias.