Reducir el porcentaje de no cumplimiento tributario e incrementar por esa vía la recaudación fiscal. Este es el objetivo esencial del proyecto (boletín 16621) aprobado hoy por la Sala de la Cámara y despachado al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.
Con los nuevos recursos se espera financiar, principalmente, dos materias:
- Alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, con un incremento de la cobertura de 166 mil personas hacia el año 2030.
- Gasto destinado a fortalecer la seguridad pública (aumento de la inversión en un 40% respecto de 2022). En este marco se espera invertir en prevención del delito, el combate al crimen organizado y el funcionamiento eficaz de la administración de justicia.
La propuesta, revisada en tercer trámite, se enmarca en el Plan de Pacto Fiscal. Sus ejes se pueden resumir en modernización de la administración tributaria; control de la informalidad; delitos tributarios; planificación tributaria agresiva; y nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente. También se contemplan la regularización de obligaciones tributarias y el fortalecimiento de organismos fiscalizadores y resguardo de la probidad.
Ahondando en lo anterior, se puede resaltar que la modernización afectará directamente al SII, la Tesorería y a Aduanas. También a los tribunales tributarios y aduaneros y a la Defensoría del Contribuyente. En este plano, por ejemplo, se promueve el mejor uso de las tecnologías disponibles y nuevas herramientas en materia de fiscalización. Igualmente, se verifica un aumento en la dotación de personal de dichas entidades.
Paralelamente, se realiza una actualización de los delitos en este ámbito y se elevan algunas de las sanciones. Entre estas últimas están las correspondientes a la utilización o facilitación de un documento tributario falso. Se suma a lo anterior la introducción de la figura de colaboración sustancial, para incentivar la autodenuncia; y del denunciante anónimo. Asimismo, se introducen medidas prejudiciales y la ampliación de cautelares que podrá solicitar el SII.
Otros avances se dirigen a la fiscalización de grupos empresariales; creación de la sostenibilidad tributaria; posibilidad de establecer trazabilidad en el comercio de bienes; nueva política de determinación de intereses; regímenes tributarios preferenciales (paraíso tributario); IVA en compras a través de plataformas digitales a contribuyentes no domiciliados en Chile; y repatriación de capitales, entre otros.
Cambios del Senado
Un amplio grupo de normas se mantuvo sin modificaciones respecto del primer trámite. Ahora, entre las materias enmendadas se consideran ajustes a la norma general antielusión (NGA). Aquí se mejoró el procedimiento en su etapa administrativa y judicial y se eliminó el consejo externo que opinaba sobre ella. De igual modo, se perfeccionaron normas en materia de prescripción, plazos, término probatorio, carga de la prueba compartida y recursos.
Otra disposición modificada fue la relativa a secreto bancario. Si bien se mantuvo el procedimiento simplificado, sí se cambió el judicial general (referente a plazos y prescripción). La idea fue hacer más armónico esta herramienta con los procedimientos de fiscalización.
En cuanto al denunciante anónimo, se mantuvo la recompensa, pero se puso un límite inferior para su aplicación (barrera de entrada). Esto, cuando el impuesto defraudado sea superior a 80 millones.
En el Servicio de Impuestos Internos (SII), se creó el Consejo Tributario. Su función será emitir opinión sobre las circulares del Servicio que deban ser sometidas al procedimiento de consulta pública. También sobre las estrategias de fiscalización del Servicio, así como evaluar la implementación de estas últimas.
Adicionalmente, se incorporó el Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos. De igual modo, se reguló el post empleo para el director y subdirectores del SII y se sujetó a los subdirectores al segundo nivel jerárquico de la Alta Dirección Pública.
Otras enmiendas apuntaron a lo relativo a tasación y reorganizaciones, así como a lo referente a información sobre transferencias, inicio de actividades, bienes usados y operaciones en efectivo. Además, se garantizó una proporcionalidad de las penas en los delitos tributarios y se realizaron ajustes en el IVA. Junto a esto, se perfeccionaron las normas sobre multas aplicables por Aduanas e impuesto al lujo. Y, finalmente, entre otros cambios, se rechazó lo referente a los impuestos a la Herencia y Donaciones.
Discusión del proyecto y votación
Participaron en el debate Frank Sauerbaum (RN), Ana María Gazmuri (PAH), Ricardo Cifuentes (DC), Carlos Bianchi (IND), Jaime Naranjo (PS), Miguel Mellado (RN), Alberto Undurraga (DC), Boris Barrera (PC), Rubén Darío Oyarzo (IND), Marta González (IND), Leonardo Soto (PS), Viviana Delgado (IND), Nathalie Castillo (PC), Camila Musante (IND), Andrés Jouannet (AMA), Gael Yeomans (FA), Gonzalo De la Carrera (IND), Camila Rojas (FA) y Agustín Romero (PREP).
En el debate, la mayoría de las opiniones estuvo en pro de apoyar la iniciativa, rescatando algunos de sus principales aspectos. Dentro de ello estuvo la idea de hacer valer el cumplimiento tributario dispuesto en la ley. De igual modo, equiparar la cancha para las pymes respecto de las grandes empresas; reducir la evasión y la elusión; y fortalecer los organismos fiscalizadores. Asimismo, se resaltó que con los nuevos recursos se podrá financiar materias como el aumento de la PGU y mejoras en seguridad pública.
También hubo algunas observaciones puntuales. Por ejemplo, desde el oficialismo se criticó la demora que tuvo la concreción de estas normas, que pudieron prosperar desde la fallida reforma tributaria previa; mientras que, desde la oposición, se alertó sobre la necesidad de acentuar la inversión y fomentar el crecimiento.
Sobre dichos puntos, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a dejar atrás el tema de la reforma fallida y concentrarse en que, ahora, se tendrán estas normas gracias a un acuerdo alcanzado en el Parlamento. Igualmente, recordó que esta propuesta es parte del Pacto Fiscal. Allí, recordó, se incluyen 36 iniciativas para impulsar el crecimiento y 12 para modernizar el Estado.
Al momento de las votaciones, las modificaciones se aprobaron en 12 votaciones separadas, en todas superando el quórum exigido por amplia mayoría.
Estado de excepción
En la presente sesión, además del proyecto de cumplimiento tributario, la Sala de la Cámara respaldó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en el sur. Al respecto hubo 103 votos a favor, 24 en contra y 12 abstenciones.
La medida se encuentra vigente desde mayo de 2022 para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío. La nueva extensión de 30 días regirá a contar del decreto vigente, que vence el próximo 3 de octubre.
Entre los datos aportados, se informó que, desde el 18 de mayo de 2022 hasta el 15 de septiembre de 2024 Carabineros reporta 524.448 controles. Simultáneamente, se ha concretado la detención de 1.148 personas en este contexto, de ellas, 24 fueron detenidas entre el 13 de agosto y el 15 de septiembre.
También se comunicó una disminución del 44% de los eventos de violencia rural con respecto al mismo periodo del 2023. En comparación a 2021, el descenso llega al 68%.
