La Comisión de Constitución abordó el proyecto que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la Ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y de las fiscalías regionales (boletín 16.850).
El texto originado en un mensaje del Ejecutivo busca dar cumplimiento a la reforma constitucional que creó la citada fiscalía (Ley N° 21.644).
El detalle del proyecto lo entregó ante la comisión el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo.
El personero señaló que el texto está organizado en tres ejes que son incorporar la Fiscalía Supraterritorial especializada en Crimen Organizado y delitos de alta complejidad, reforzar las atribuciones del fiscal nacional y crear el Sistema de análisis para crimen organizado y delitos de alta complejidad.
La fiscalía se organizará en tres macrozonas y señala los criterios para determinar cuándo una investigación será de competencia de esta entidad. Al respecto, se establece que será el Fiscal Nacional el que resuelva problemas de competencia entre las fiscalías regionales y la fiscalía supraterritorial.
En materia de recursos humanos, Gajardo explicó que la nueva fiscalía contará con fiscales adjuntos, profesionales y personal de apoyo propio, que podrá ser distribuido en todo el país. Para ello, se consideran 86 nuevos funcionarios, de los cuales 34 serán fiscales adjuntos supraterritoriales.
En materia presupuestaria, desde la publicación de la ley se consideran $2.324 millones hasta los $7.996 millones en el cuarto año de implementación. Posteriormente, el gasto fiscal en régimen alcanzará los $7.595 millones.
Ministerio Público
También expuso ante la comisión, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia, quien valoró la calidad del proyecto, el cual fue previamente consultado con ellos.
Recordó que desde que postuló a su cargo ha insistido que Chile no está ausente de un problema de carácter regional que es posiblemente la principal amenaza de las democracias de la región y la estabilidad del sistema político como es el crimen organizado transnacional.
Por ello, remarcó se fijó como prioridad en su gestión la persecución de la corrupción, en especial en el ámbito municipal y el combate del crimen organizado, especialmente el de características transnacionales.
También señaló que esta forma de organización no es una novedad y es similar a la existente en otros países.
Sobre las contiendas de competencia, asimismo, recordó que el Fiscal Nacional ya tiene hoy la atribución de resolverlas cuando hay diferencias entre fiscales regionales. Por ende, tampoco se innova en esto.
Gradualidad para fiscalía supraterritorial
Transversalmente el proyecto contó con el apoyo parlamentario. Sin embargo, surgieron críticas por la gradualidad y los recursos destinados.
Al respecto, el diputado Raúl Leiva (PS) señaló que no es entendible si la seguridad y el avance del crimen organizado es uno de los principales problemas, se disponga que en cuatro años se planteen recursos equivalentes a solo el 3% del presupuesto del Ministerio Público y para su instalación solo el 1%.
Además, cuestionó el número de fiscales contemplados (34) comparado, por ejemplo, con la dotación de la fiscalía centro norte de la Región Metropolitana, que tiene 94 fiscales.
En la misma línea, el diputado Jorge Alessandri (UDI) coincidió con la crítica a los recursos. “Yo entiendo que los recursos fiscales son escasos, pero esto es prioridad”. Manifestó que está seguro que se podrá llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para sumar más recursos.
Asimismo, cuestionó la gradualidad propuesta porque no se puede esperar cuatro años, porque esto es la urgencia de la ciudadanía. Otros legisladores coincidieron que esto debería ser inmediato.
También se plantearon consultas sobre el funcionamiento del sistema de análisis, las obligaciones de rendir cuenta pública o el sistema de remoción, entre otros.
El subsecretario Jaime Gajardo respondió que para poner las cosas en contexto, se debe tener en cuenta que este gobierno presentó la reforma para crear la fiscalía, junto con otro proyecto para el fortalecimiento del Ministerio Público. En este último caso, están contemplados 43 mil millones de pesos, la cifra más grande destinada a este organismo desde su creación. Y, agregó, que considera el aumento en mas de 800 funcionarios.
La comisión acordó votar en general este proyecto el próximo 12 de junio, e iniciar la votación particular el miércoles 19 de junio.
