La Sala de la Cámara respaldó y despachó el proyecto (boletín 16323), iniciado en mensaje del Ejecutivo, que busca establecer un plazo y condiciones para la inhumación o entierro respecto a funerales de riesgo para la seguridad y el orden público.
La propuesta, que continuará su tramitación en el Senado, norma la realización de este tipo de funerales, los que serán calificados como tales por el o la delegada presidencial regional. Para ello se distinguirán los siguientes niveles:
- Riesgo extremo
- Alto
- Moderado
- Bajo
Las características particulares se definirán en el reglamento de la ley.
En caso de los calificados de “extremo” y “alto”, el o la delegada presidencial regional ordenará, mediante resolución fundada, que la inhumación se realice dentro del plazo de 24 horas, contadas desde la notificación de dicha resolución.
Para calificar el riesgo del funeral, la citada autoridad podrá requerir información a la PDI y a Gendarmería.
Asimismo, si un órgano de la administración del Estado, en el marco de sus competencias, tiene antecedentes de que un funeral pudiere ser de riesgo, informará de inmediato a la Delegación Presidencial Regional.
La resolución que dicte la autoridad deberá considerar el informe técnico que elaborará Carabineros. Dicho texto considerará los antecedentes delictuales del fallecido y las circunstancias del deceso, entre otros puntos. La información será reservada para terceros ajenos al procedimiento.
Plazo de entierro
En el plazo de 24 horas se deberá realizar la totalidad del proceso funerario. Ello comprende el traslado del fallecido desde el lugar del deceso o desde el Servicio Médico Legal hasta el lugar donde se realizará el velatorio. Asimismo, la sepultación o cremación.
Se agrega que el velatorio o acto fúnebre deberá llevarse a cabo únicamente dentro del cementerio o crematorio legalmente autorizado de acuerdo al Código Sanitario.
Las 24 horas correrán desde la notificación de la resolución al Registro Civil. Igualmente, se incluyen normas en el caso de que la inhumación se realice en un cementerio de otra región. Dicha situación la autorizará un oficial del Registro Civil.
La notificación de la resolución de la delegada presidencial regional se efectuará personalmente en el menor tiempo posible al pariente más próximo, en el siguiente orden de prelación: hijos, ascendientes y hermanos. Este aviso será notificado por unidades policiales especializadas o por Gendarmería, en caso de que la persona este recluida.
Delitos en contexto de un funeral
Se consideran los delitos cometidos dentro del cementerio o crematorio donde se realizará el velatorio, la sepultación o cremación de la persona fallecida o en sus inmediaciones. Es decir, en la distancia de mil metros perimetrales desde los límites del cementerio.
Para ellos, se aplicarán penas específicas que excluirán el grado mínimo, por ejemplo, en infracciones a las leyes de armas y la que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes.
Debate
Luego del informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, a cargo de Jaime Araya (IND), intervinieron Lorena Fries (PCS), Andrés Longton (RN), Lorena Pizarro (PC), Álvaro Carter (UDI), Ximena Ossandón (RN), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Diego Schalper (RN), Jaime Mulet (FRVS), Natalia Romero (IND), Miguel Mellado (RN), Andrés Celis (RN), Daniel Melo (PS), Henry Leal (UDI), Leonardo Soto (PS), Marta González (IND), Joanna Pérez (DEM), Jorge Rathgeb (RN), Camila Flores (RN) y Cristián Araya (PREP).
En su mayoría, las y los legisladores valoraron que se avance para frenar los hechos delictuales que rodean los “narcofunerales” y terminar con las “caravanas legitimadas”. Dicho recorrido incluye el uso de armas, disparos al aire y despliegue de fuegos artificiales. Además, son acciones que generan temor en barrios y poblaciones, que impiden actividades cotidianas, como la realización de clases.
Si bien reconocieron el derecho de los familiares a velar a sus seres queridos, se legisla por el bien común de las personas y que se garantice la seguridad. Al respecto, se valoró el acuerdo entre todos los sectores para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Sin embargo, algunos pidieron medidas más severas y otros expresaron temor que exista “discriminación arbitraria” en la determinación del riesgo del funeral. Tal situación, plantearon, puede afectar a quienes no están ligados al crimen.
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que los funerales de alto riesgo disminuyeron en un 22% este año, respecto al año anterior.
Agregó que esta ley ataca la manifestación más ostentosa del crimen organizado, ya que los funerales son una provocación donde se hace gala de las armas. Igualmente, se pasa por encima del derecho de las personas, usando espacios públicos como plazas y calles.
Si bien manifestó que se pudo avanzar más allá, existe el derecho de las familias a despedir a sus deudos. Pero, insistió en que se legisla por regular los funerales por un bien mayor, con “prudencia y efectividad”.
