Tras dos sesiones de análisis, la Sala de la Cámara aprobó el proyecto que exime de trámites y reduce los plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios (boletín 17312).
La iniciativa, que pasó a segundo trámite, al Senado, establece que esta norma será aplicable para aquellos establecimientos que el Presidente de la República determine mediante un decreto supremo debidamente fundado. Esto, luego que la Comisión de Constitución reemplazara la propuesta del Gobierno que detallaba los centros penitenciarios a reparar y construir.
También señala que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) será el encargado de priorizar los trámites necesarios para la ejecución de los proyectos. Además, agrega que la adjudicación de los contratos de concesión se realizará mediante decreto supremo fundado de dicha cartera. Este será dictado bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República” y deberá llevar, asimismo, la firma del ministro de Hacienda.
Adicionalmente, el MOP determinará las medidas de mitigación y compensación para la zona donde se establezca un recinto penitenciario, fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. De igual modo, sin perjuicio de otros programas dependientes de otras carteras.
Plazos de centros penitenciarios
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá dar prioridad a los informes sobre evaluación técnica y económica en materia de rentabilidad social. Esto será acorde a lo que exige la Ley de Concesiones de Obras Públicas para el desarrollo de estos proyectos. Así, se estableció un plazo máximo de 30 días hábiles, contados desde el ingreso de los antecedentes a la cartera.
Por otro lado, la iniciativa señala que los proyectos de alteración, ampliación o reparación de establecimientos penitenciarios estarán exentos de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahora, para los nuevos centros que deban someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se reducirán a la mitad los plazos establecidos.
Agrega que, transcurridos dichos plazos legales, se prescindirá de la resolución de calificación ambiental, entendiéndose aprobado el proyecto. Esto, en los términos propuestos en la declaración o estudio de impacto ambiental y sus respectivas adendas, si existiesen.
Además, durante la tramitación en la Comisión de Constitución, se agregó que, una vez aprobado un proyecto de construcción de un nuevo establecimiento penitenciario, en su aspecto ambiental, éste solo podrá invalidarse por oficio de la autoridad administrativa.
La norma despachada también establece que los proyectos a los que hace referencia esta ley deberán ser declarados de interés público. En tal marco, se deberán reducir a la mitad los plazos establecidos para la tramitación de todo permiso, autorización o pronunciamiento de competencia de órganos de la administración del Estado que se requiera para su ejecución. Esto incluye a los actos de impugnación, anulación, invalidación o reclamación administrativa. Paralelamente, establece que, si la administración no se pronuncia dentro del plazo resultante, esta se entenderá aprobada.
Finalmente, la propuesta señala que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá informar trimestralmente al Congreso el estado de avance, ejecución y plazos de los proyectos relativos a esta ley.
Intervenciones en Sala
El proyecto fue presentado en la Sala por el diputado Gustavo Benavente (UDI). En el debate participaron las y los diputados Diego Schalper (RN), Raúl Leiva (PS), Agustín Romero (PREP), Lorena Fries (FA), Hotuiti Teao (IND), Andrés Jouannet (AMA), Marta Bravo (UDI), María Luisa Cordero (IND), Felipe Camaño (IND), Emilia Schneider (FA), Cristián Araya (PREP), Camila Musante (IND), Daniel Lilayu (UDI), Leonardo Soto (PS), Andrés Longton (RN), Alejandro Bernales (PL), Yovana Ahumada (IND), Miguel Ángel Calisto (IND), Alejandra Placencia (PC), Roberto Arroyo (PSC), Gaspar Rivas (IND), Héctor Ulloa (IND), Marcela Riquelme (FA), Nelson Venegas (PS), Luis Sánchez (PREP), Marlene Pérez (IND), Francisco Undurraga (Evópoli), Emilia Nuyado (PS), Camila Flores (RN), Gustavo Benavente (UDI), Diego Ibáñez (FA), José Carlos Meza (PREP), Daniela Serrano (PC), Leonidas Romero (IND), Marcos Ilabaca (PS), Enrique Lee (IND), Carlos Bianchi (IND), Johannes Kaiser (IND), Hernán Palma (IND), Consuelo Veloso (IND), Marta González (IND), Chiara Barchiesi (PREP), Félix González (IND), Hugo Rey (RN), Sebastián Videla (IND), Jaime Naranjo (PS), Miguel Mellado (RN), Juan Carlos Beltrán (RN) y Bernardo Berger (IND).
Tras el informe, el primero en hacer uso de la palabra fue el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. La autoridad reveló la gravedad de la situación de sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles del país. Aseguró que, actualmente, existen cerca de 60 mil personas recluidas, llegando a un 141% de ocupación.
Frente a este escenario, valoró el trabajo realizado en la Comisión de Constitución para tramitar la iniciativa. Por su parte, varios parlamentarios y parlamentarias destacaron su presencia en la Sala para responder las inquietudes expuestas a lo largo del debate.
Debate
En términos generales, las y los legisladores valoraron que la norma reduzca los plazos para el desarrollo de estos proyectos. En particular, se consideró las falencias que existen en los centros penitenciaros de las diferentes regiones del país. También, relevaron que las condiciones son inapropiadas tanto para las y los reclusos, como el personal de Gendarmería.
Sin embargo, algunos llamaron a no pasar por alto la evaluación de impacto ambiental y social de nuevos recintos. Sobre esto, varios parlamentarios y parlamentarias se manifestaron en contra de la ampliación o extensión del centro Santiago 1. Igualmente, se criticó la falta de diálogo con las comunidades afectadas.
Del mismo modo, hubo quienes se manifestaron en contra de ampliar el alcance del proyecto y no acotarlo al listado original propuesto por el Gobierno. Además, pusieron el foco en que lo necesario es avanzar en reinserción social de las y los internos y en una mirada completa del fenómeno delictual.
