Acotar el ejercicio de la atribución con que cuenta el Presidente de la República para otorgar las pensiones de gracia. Esa es la finalidad principal del proyecto (boletines 16304, 16305 y 16310) aprobado en general por la Sala de la Cámara y derivado a la Comisión de Desarrollo Social para un segundo informe, tras ser objeto de indicaciones.
Para sus fines, la propuesta modifica la Ley 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República. En este marco se busca limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en su concesión. Asimismo, se propone fortalecer la publicidad del procedimiento administrativo y de los actos por los cuales se concede dicho beneficio.
La iniciativa se originó en tres mociones impulsadas por tres grupos distintos de diputadas y diputados. La signada por el boletín 16304 es de autoría de Frank Sauerbaum, Marcia Raphael y Andrés Longton, todos de RN. La correspondiente al boletín 16305 es de las/os UDI Henry Leal, Marta Bravo, Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Felipe Donoso, Juan Fuenzalida, Cristian Labbé, Daniel Lilayu, Cristhian Moreira y Guillermo Ramírez.
Por último, la del boletín 16310 fue ingresada por los independientes Mauricio Ojeda, Miguel Ángel Calisto, Felipe Camaño, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser y Hotuiti Teao. También la firman Henry Leal, Andrés Longton, Agustín Romero (PREP) y Luis Sánchez (PREP).
Nuevos criterios agregados para otorgar la pensión
El proyecto adiciona una nueva consideración en los casos en que la pensión se entregue a personas afectadas por accidente o catástrofe. Aquí se define que no procederá su otorgamiento cuando la afectación, la incapacidad o la dificultad fuese consecuencia de una exposición imprudente al riesgo del solicitante.
Se determina que el beneficio no procederá si el peticionario ha sido condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito. Tampoco si el solicitante hubiese cesado en un cargo público como consecuencia de medida disciplinaria por faltas graves a la probidad administrativa.
La propuesta establece que las pensiones de gracia se otorgarán por decreto supremo fundado del Presidente de la República. Además, serán objeto de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Asimismo, se enviará copia de los decretos supremos a la Cámara, la cual dará cuenta de estos con individualización de sus beneficiarios.
“No procederá reserva alguna respecto de los actos que otorgaren o renovaren pensiones de gracia, así como de sus beneficiarios, los montos y las causas en que se fundaren”, sanciona el texto.
Sobre la revocación
El proyecto permite que el Presidente de la República revoque las pensiones concedidas. Esto operará si el beneficiario ha dejado de poseer la calidad por la cual se otorgó el beneficio. Lo anterior se realizará mediante decreto supremo fundado, en el cual se especificarán las circunstancias que motivan dicha revocación.
La misma regla operará en los casos en que se verifique alguna de las limitantes ya definidas en la ley. Entre ellas, si el beneficiario se acogió a otro sistema de apoyo estatal o si el solicitante tiene patrimonio o rentas que permiten su subsistencia.
Respecto del ejercicio de esta facultad no procederá recurso alguno.
Para el cumplimiento de las normas precedentes, durante el mes de enero de cada año el Ministerio del Interior deberá remitir al Presidente de la República un informe que dé cuenta de si alguno de los beneficiarios ha sido condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o siempre delito.
Luego, se indica que el Mandatario podrá ejercer la facultad de revocación cuando se constate la pérdida de la calidad por la cual se otorgó el beneficio. También si se verifica alguna de las limitantes definidas en la normativa. Esto aplicará aun cuando la pensión haya sido concedida con anterioridad a la publicación de esta ley.
Finalmente, se determina un procedimiento para que voluntarios de los Cuerpos de Bomberos del país que hayan cumplido cincuenta años de servicio, puedan optar a una pensión de gracia en reconocimiento a su destacada labor.
Debate sobre las pensiones de gracia
Participaron en la discusión de este proyecto Héctor Barría (DC), Agustín Romero (PREP), Sergio Bobadilla (UDI), Daniel Melo (PS), Daniel Lilayu (UDI), Jaime Naranjo (PS), Leonardo Soto (PS), Stephan Schubert (IND), Francisco Undurraga (Evop), Johannes Kaiser (IND), Harry Jürgensen (IND), Marcela Riquelme (IND), Vlado Mirosevic (PL), Erika Olivera (DEM), Nathalie Castillo (PC), Marcos Ilabaca (PS), Chiara Barchiesi (PREP), Miguel Ángel Becker (RN), Nelson Venegas (PS), Cristhian Moreira (UDI), Daniela Serrano (PC), José Carlos Meza (PREP), Miguel Ángel Calisto (IND), Leonidas Romero (IND), Cristián Araya (PREP), Víctor Alejandro Pino (DEM), Cristian Tapia (IND), Boris Barrera (PC) y Cristóbal Urruticoechea (PREP).
En una sesión anterior expusieron Miguel Mellado (RN), Gustavo Benavente (UDI), Matías Ramírez (PC), Tomás De Rementería (IND), Hotuiti Teao (IND), Luis Sánchez (PREP), Claudia Mix (Comunes), Yovana Ahumada (IND), Mauricio Ojeda (IND), Bernardo Berger (IND), Marta Bravo (UDI), Lorena Pizarro (PC), Lorena Fries (PCS), Sara Concha (PSC), Jorge Saffírio (DEM), Andrés Longton (RN), Felipe Donoso (UDI), Carmen Hertz (PC), Félix González (PEV), Joanna Pérez (DEM), Juan Carlos Beltrán (RN), Henry Leal (UDI), María Candelaria Acevedo (PC) y Carla Morales (RN).
En general, las opiniones fueron en apoyo de la propuesta, invitando a su aprobación. Se la estimó necesaria para reducir la discrecionalidad con la que los Mandatarios pueden hacer uso de esta facultad. De igual modo, para evitar que se produzcan errores del pasado, en que se entregó este beneficio a personas con antecedentes penales.
Un punto de tensión política refirió a qué Gobierno incurrió en mayores errores en esta materia. Así, mientras algunos criticaron a la administración de Gabriel Boric, otros apuntaron a Sebastián Piñera e, incluso, a la dictadura militar.
Asimismo, algunos resaltaron la importancia de este beneficio para muchos chilenos, tanto a nivel reparatorio como beneficio para personas que han tenido una trayectoria conocida en alguna área y cayeron en desgracia económica. Otros, llamaron a hacer buen uso de los recursos públicos y a focalizar los dineros en quienes estrictamente ameritan la entrega de este aporte estatal.
