Definir una regulación urbanística de asentamientos y barrios ante catástrofes que afecten a la población es el fin del proyecto (boletín 16772) aprobado y despachado por la Sala de la Cámara.
En particular, se modifican diversos cuerpos legales para dotar a la administración pública de mayores y mejores herramientas para reaccionar de manera eficaz a fenómenos consolidados en el territorio. Además, se promueve un enfoque preventivo.
En mayo de este año, se ingresó el mensaje del Ejecutivo. La iniciativa surgió por el contexto del megaincendio que afectó a tres comunas de la región de Valparaíso, en febrero pasado, y los problemas de reconstrucción generados.
Entre los fundamentos, el gobierno sostiene se encuentra desplegando todas las herramientas legales para responder a la catástrofe. Sin embargo, requieren nuevos instrumentos para factibilizar la reconstrucción urbana y habitacional.
Al respecto, el mensaje indica que se necesitan acciones preventivas para reducir factores de riesgo de desastres. Así como, normas que permitan abordar la irregularidad urbanística de las poblaciones y actualizar los instrumentos de planificación territorial.
Pilares del proyecto
La iniciativa presenta los siguientes ejes:
- Disponer mayor grado de operatividad a las leyes de excepción para la regulación de asentamientos.
- Establecer mecanismos de carácter temporal y simplificados para modificar Instrumentos de Planificación Territorial (IPT).
- Modificar la Ley de Presupuestos 2024, para habilitar mecanismos de asistencia técnica en materia de inversión pública que realiza la Subdere a los municipios. Ello, en zonas declaradas de catástrofe.
Entre las modificaciones a las leyes de excepción, se incluye la ley de sismos. Al respecto, se precisan los efectos de la aplicación del artículo 43 que permite a las municipalidades la regularización de poblaciones declaradas en situación irregular en comunas afectadas por sismos o catástrofes.
También se introducen cambios en la normativa de administración de loteos declarados en situación irregular (Ley 16.741). Sobre el punto, se facilita la denuncia en caso de ocupaciones ilegales y se faculta la expropiación de terrenos disponibles en poblaciones en situación irregular para ejecutar obras de urbanización.
A su vez, se modifica la normativa de procedimiento de saneamiento y regularización de loteos (Ley 20.234). Para ello, se actualiza la referencia al catastro de campamentos vigente y se permite la prórroga del plazo de recepción provisoria de proyectos de urbanización en estado de prefactibilidad y diseño.
Igualmente, se autoriza la aplicación excepcional del decreto ley N°2.595 para la regularización de la pequeña propiedad raíz. En tal sentido, se permite contar con la recepción provisoria de obras de urbanización y ampliar el límite de avalúo fiscal máximo para el impuesto territorial a mil UTM. Por otra parte, precisa los efectos del alzamiento de la condición irregular de poblaciones según la ley 16.741 y facilita su administración.
Ello permitirá aclarar la situación jurídica de los terrenos destinados a circulaciones, áreas verdes y equipamiento, habilitando la inversión pública.
Plan habitacional y disposiciones transitorias
El texto también introduce modificaciones a la ley 21.450 sobre integración social en la planificación urbana, gestión de suelo y Plan de Emergencia Habitacional.
El objeto de los cambios es permitir la regularización de los deslindes de predios en que se ejecutan proyectos que forman parte del Plan de Emergencia Habitacional en los términos del decreto ley N°2.695. Asimismo, se actualiza el avalúo fiscal para estos procedimientos.
En las disposiciones transitorias se incorporan mecanismos de carácter temporal y simplificados para modificar los IPT. Ellos permiten la modificación de planes reguladores. Entre las medidas, se propone incorporar en los límites urbanos porciones de territorio rural exclusivamente en sectores poblados con características urbanas consolidadas (campamentos o loteos) como herramienta momentánea a dos años.
A su vez, se incluyen en dichos instrumentos áreas de riesgo y se permite erradicar campamentos.
Respuesta a catástrofes
Luego del informe a cargo de la diputada Emilia Nuyado (PS), intervinieron Juan Fuenzalida (UDI), Tomás Hirsch (AH), Miguel Mellado (RN), Carolina Tello (FA), Johannes Kaiser (IND), Nathalie Castillo (PC) y Jaime Mulet (FRVS).
En el debate se valoró que se modifiquen leyes de excepción lo que permite avanzar y facilitar el proceso de reconstrucción en distintos lugares del país. Así como, destrabar nudos administrativos que impiden efectuar procesos de regulación de asentamientos irregulares de larga data, como los campamentos.
Sin embargo, diputados de oposición cuestionaron el proceso de expropiación a “justo precio” y las normas de notificación que se establece. Asimismo, la rectificación de deslindes de los terrenos.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, explicó que se busca avanzar en zonas de reconstrucción. Por otra parte, regularizar procedimientos cuando están involucrados recursos públicos. Es una regulación fast track, por ejemplo, para construir “pequeños condominios” que hoy no se pueden concretar por problemas de deslindes, incluso de centímetros, entre una propiedad y otra.
Respecto a la expropiación, dijo que se aplica la norma general con tasaciones del propio ministerio y donde los afectados pueden reclamar al juez si no están de acuerdo con el monto ofrecido.
