Por 79 votos a favor, 25 en contra y 8 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la creación de una nueva comisión investigadora. La instancia estará enfocada en la ejecución de terapias y programas de acompañamiento de salud, psicológicos, educacionales, relacionales, sociales, judiciales y de cualquier otra índole, a sujetos cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral.
Según detalla la solicitud de 74 diputados/as, interesa, especialmente, el Programa PAIG – Crece con Orgullo, que da apoyo a la identidad de género. En particular, se espera indagar en torno a su aplicación respecto de menores de edad.
En la misma línea, se analizará el Programa de Salud Trans (PST). Junto a ello, las prestaciones de salud hormonal y quirúrgica que se hayan diseñado y/o implementado en la red integrada de salud. Dicho objetivo comprende la investigación de los fármacos utilizados en los procedimientos hormonales.
La comisión investigadora también espera indagar en las organizaciones de la sociedad civil que cooperan en el desarrollo de estos programas, mediante convenios adoptados con servicios públicos centralizados y/o descentralizados.
Para su cometido, el grupo parlamentario se centrará en las actuaciones de los ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Educación. Igualmente, del Instituto de Salud Pública y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
La Comisión rendirá su informe en un plazo no superior a 60 días. Además, para el cumplimiento de su mandato, podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
Corrección a “Ley Karin”
En la sesión, además de la comisión investigadora, la Sala aprobó una acotada enmienda formal a la Ley 21.643, también conocida como Ley Karin. Este cuerpo legal modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo.
El informe de la Comisión de Trabajo lo rindió el diputado Luis Alberto Cuello (PC). Luego, intervinieron las diputadas Erika Olivera (DEM), Nathalie Castillo (PC) y Ana María Bravo (PS). En sus discursos se resaltó la importancia de esta ley, que comenzará a operar en rigor el 1 de agosto próximo.
Relataron que fueron las organizaciones de funcionarios de los empleados municipales quienes repararon en el error. Este les impactaba directamente, dado que no se les hacía aplicable a ellos ciertas normas de la ley. Así, manifestaron que era importante efectuar la enmienda para dar certeza jurídica a todos los sectores.
En concreto, la propuesta (boletín 16947) corrige la referencia de un artículo (se menciona el 84 cuando debiera ser el 82) en dos situaciones. Según aclara el informe, una de ellas afectaba la manera de actuar frente a denuncias de acoso. La otra se relaciona con la facultad para asignar un fiscal o un funcionario con formación específica en prevención e investigación en acoso ante una denuncia en este ámbito.
El texto se aprobó en forma unánime en general y en particular y pasó a segundo trámite, al Senado.
