La Comisión Especial Investigadora por el Funcionamiento de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares respaldó su informe de conclusiones y propuestas.
En línea generales plantea que el modelo de abastecimiento de medicamentos por parte de los municipios con farmacias populares facilitó la instauración de un sistema de defraudación de las arcas municipales.
Agrega que, según lo expuesto por parte de la Contraloría General de la República, queda de manifiesto las serias deficiencias en la gestión y el control de recursos de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
Las auditorías revelarían la falta de transparencia, el incumplimiento de normativas y la inadecuada administración de fondos, lo que sugiere un riesgo significativo de malversación y otras irregularidades.
“Las observaciones sobre la falta de procedimientos adecuados y el incumplimiento de leyes de compras públicas indican un entorno propenso a la corrupción y al manejo ineficiente de recursos públicos”, sostiene el informe.
Por esas razones, la comisión indica que es fundamental fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para asegurar que estas entidades cumplan con sus responsabilidades tributarias.
Propuestas y conclusiones
El texto propone al Ejecutivo que se gestionen capacitaciones para los directivos de estas farmacias, así como establecer un monitoreo continuo de ellas.
Además, se establece que es necesario crear protocolos de comunicación, entre diversas entidades fiscalizadoras como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público, por ejemplo.
A ello se suma la colaboración con universidades y potenciar las alianzas estratégicas.
Como conclusiones se determina que es indispensable mejorar el control interno de las farmacias y la transparencia del funcionamiento de estas.
Se plantea fortalecer la supervisión tributaria al implementar un programa de fiscalización más riguroso y sistemático para las farmacias comunales y sus operaciones.
Junto a ello se plantea potenciar la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, a través de la pronta tramitación de la reforma ya referida en el proyecto de ley que modifica la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y que establece un plazo máximo de respuesta a los oficios de fiscalización de la Cámara.
El presidente de la instancia, diputado Eduardo Durán (RN), destacó el trabajo realizado por la comisión y será el encargado de presentar el informe a la Sala de la Corporación.
