La Sala de la Cámara aprobó, por 84 votos a favor, 25 en contra y ocho abstenciones, el informe de la Comisión Investigadora del caso convenios (CEI 45), que indagó la actuación de la administración del Estado en la entrega de Fondos Públicos a entidades privadas como ONG, Fundaciones, Corporaciones y otras.
El grupo parlamentario, presidido por el diputado Rubén Darío Oyarzo (IND), indagó los actos del Gobierno, en especial de los Ministerios de Hacienda, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y de Desarrollo Social. Particularmente, el grupo parlamentario investigó a las Secretarías Regionales de dichos ministerios, de las regiones de Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Valparaíso, Maule, Biobío y La Araucanía.
En ese marco, se estima que es necesario que la Contraloría General de la República pueda controlar con mayores facultades a los privados que reciben fondos públicos, con el objeto de detectar cualquier debilidad en estas organizaciones. Ya sea esto, por mala administración, problemas contables o incapacidad de poder ejecutar los fondos asignados.
Asimismo, se debe fortalecer los sistemas por medio de los cuales se registran las transferencias y adoptar las medidas que permitan una modernización del sistema actual.
El informe puntualiza que el Consejo de Defensa del Estado requiere de presupuesto para contratar a especialistas para poder perseguir los delitos cometidos por funcionarios públicos.
Convenios en los Gobiernos Regionales
El texto da cuenta que gran parte de las investigaciones por convenios radican en los gobiernos regionales, puesto que casos como el de Democracia Viva y Pro Cultura, se replicaron a lo largo de Chile con otras instituciones privadas sin fines de lucro.
Esta nueva institucionalidad, que maneja el presupuesto regional, es presionada anualmente a ejecutar dichos fondos para no ser sancionados en la asignación de fondos al año siguiente.
Este tipo de presiones es un escenario ideal para fomentar prácticas como el uso indiscriminado del trato directo en materia de compras públicas. El mal uso de esa herramienta afecta directamente a las instituciones y socava la confianza de la gente en estas, precisa el texto.
Cabe hacer presente que, en muchos casos, quienes recibieron estos fondos cumplían con los requisitos mínimos de los proyectos a los cuales postulaban, pero estos no consideraban como obligatorio el demostrar la experticia y experiencia en las áreas correspondientes.
En el mismo sentido, la ausencia de plataformas para poder rendir los fondos de forma expedita fue otro de los factores que se conjugó en el marco de esta crisis.
Por ello, las falencias, tanto administrativas como normativas, deben tener pronta solución, especialmente en lo que respecta a la fiscalización y auditoría interna de los Gobiernos Regionales, plantea el informe.
Recomendaciones
En las propuestas, el informe sugiere aumentar el presupuesto de la Contraloría General de la República, especialmente para aumentar la dotación del personal destinado a labores de fiscalización que se realiza en terreno y también en unidades de análisis especializadas.
A su vez, recomienda dotar al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno de un marco regulatorio de carácter legal para ejercer como órgano de control al interior de la Administración el Estado.
Además, fortalecer la institucionalidad y avanzar en normas que fortalezcan la responsabilidad fiscal de los Gobiernos Regionales y permitan hacer valer la responsabilidad política de los Gobernadores Regionales.
Debate
En el debate intervino la diputada Chiara Barchiesi (PREP). Señaló que, actualmente, se están investigando a 14 Secretarías Regionales del Ministerio de Vivienda a nivel nacional, por traspasos irregulares a 40 fundaciones por mas de 12 mil millones de pesos. Agregó que, también, se están investigando a 12 gobernadores por traspasos a 67 fundaciones por mas de 67 mil millones de pesos.
También expuso el diputado Daniel Melo (PS), quien sostuvo que es importante acabar con el doble estándar frente a la entrega de fondos públicos a entidades privadas como ONG, fundaciones, corporaciones y otras.
