Que el personal del ámbito deportivo tenga la obligación de denunciar los delitos contra menores de los que tuvieren conocimiento, tanto durante actividades deportivas como en recintos o instalaciones deportivas, es el objeto del proyecto (boletín 16840) que se analiza en la Comisión de Deportes.
La iniciativa –originada en moción de diputadas y diputados- surge en el contexto de la violencia sexual en el deporte. Por ejemplo, la violación masiva ocurrida en instalaciones del Club Cobreloa. Destaca, asimismo, que deportistas profesionales o aficionados pueden ser víctimas de abuso sexual, lo que afecta la integridad deportiva y la seguridad de sus participantes.
El texto propone que, tanto dirigentes deportivos, directivos, deportistas, personal de apoyo, entrenadores, técnicos, oficiales, árbitros o personal administrativo de las federaciones o organizaciones afiliadas a ellas, tengan la obligación de denuncia.
Ámbito deportivo
En la sesión participó el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, quien contextualizó la realidad de las diversas disciplinas deportivas. En particular, llamó la atención que en distintas edades existe tiempo que se destina a la actividad, traslados y utilización de espacios; incluso con jornadas que exceden lo normal o que implican alojar en otros territorios.
Por ello, llamó a incluir en el proyecto al personal que también es clave en el proceso de formación de NNA; ya sea en alimentación, apoyo kinésico, médicos y sicólogos. Igualmente, expertos tecnológicos que realizan la evaluación, registro y seguimiento de las y los deportistas. “Es importante que asuman el rol que les corresponde a su labor”, recalcó.
En tanto, Hugo Castelli, asesor legislativo de la cartera de Deportes, señaló a la comisión que el “Protocolo contra el Abuso y Acoso Sexual, Maltrato y Discriminación en la Actividad Deportiva Nacional” (Decreto Supremo 22 de 2020) ha sido “evidentemente insuficiente” porque las situaciones siguen ocurriendo. En tal sentido, afirmó que respaldan este proyecto de ley porque parece razonable incorporar la obligación de denuncia.
Por otra parte, aclaró que las campañas de difusión sólo han sido para que las organizaciones adopten el protocolo y designen a los responsables de la institución. Pero, precisó, no sobre las cuatro conductas que fija el protocolo. Finalmente, expresó que a tres años de vigencia de la Ley 21.197 su implementación es un desafío.
Defensoría
En tanto, el defensor público nacional, Carlos Mora, excusó su inasistencia a la comisión. Pero, remitió en forma escrita la opinión del organismo sobre el proyecto.
En lo principal, consideran que la obligación de denuncia sólo debe limitarse a delitos de carácter sexual contra menores.
Esto, porque si se trata de hechos que ocurren en recintos o instalaciones deportivas, se podría, por ejemplo, considerar el robo de una polera o un conflicto entre jugadores. Hechos, añade, que se pueden solucionar de mejor manera sin la intervención del Sistema de Justicia Penal.
Tipos de delitos
Al respecto, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) -autor del proyecto- manifestó no compartir la sugerencia del Defensor Nacional. Esto, porque a su juicio, existen otros delitos de gravedad en el ámbito deportivo que pueden afectar a menores tales como amenazas graves que pongan en peligro a las y los jugadores, o que se realice tráfico de drogas hacia NNA.
A mayor abundamiento, enfatizó que el Código no reduce la obligación de denuncia a un tipo de delito. Recalcó que la idea es proteger al deporte de todo ilícito.
Al respecto, el ministro Pizarro coincidió con el legislador sobre que pueden existir otros delitos graves contra menores, que se diferencian de simples faltas.
Frente al punto, el asesor Castelli planteó que el proyecto debiera considerar como un “desde”, los delitos que ya incluye el protocolo actual. Es decir, abuso y acoso sexual, maltrato y discriminación. “Ya es un estándar con el cual trabajar”, subrayó.
Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (PSC) también manifestó que se podría incluir los delitos de droga, robo y lesiones.
Urgencia legislativa
A su vez, la diputada Érika Olivera (DEM) consideró que el proyecto va en la línea de lo conocido en la comisión investigadora sobre agresiones sexuales en el deporte. Por lo que, sostuvo, es relevante que el Ejecutivo le asigne urgencia a su tramitación.
Agregó que hay casos en que las organizaciones no han activado el protocolo. También que hay muchos casos no develados y las personas siguen trabajando con NNA en impunidad. Incluso pueden alcanzar al Comité Olímpico de Chile (COCH) que puede llevar denuncias, acotó.
Sobre esta materia, la comisión acordó solicitar al Ejecutivo que fije urgencia para el proyecto; así como, invitar al Defensor de la Niñez y reiterar la convocatoria al Fiscal Nacional para una próxima sesión.
