La Sala de la Cámara aprobó con modificaciones -por 102 votos a favor, 10 en contra y 5 abstenciones- el proyecto que sanciona los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones (boletín 14983).
El texto -de origen en una moción de senadoras y senadores- debe ahora ser visto por el Senado en tercer trámite.
El texto, aprobado en general el pasado 6 de agosto, plantea que el aumento de penas y multas no son suficientes para combatir el delito de robo de cables y hay que dotar de mayores herramientas legales a las entidades persecutorias.
La propuesta original del Senado planteaba tres cambios en diversos artículos legales:
- Modificar el concepto de telefonía por “telecomunicaciones, equipos e instalaciones”.
- Aumentar la sanción en el caso que el robo provoque una interrupción de un servicio público o domiciliario.
- Aumentar la multa por receptación.
En cambio, el proyecto propuesto por la Sala de la Cámara agrega en los conceptos las redes de transporte y servicios de tecnologías de la información. Además, fijó agravantes a la sanción actual y un aumento de penalidades en la ordenanza de Aduanas, para combatir el contrabando.
Robo de cables
Actualmente, la pena por el delito de robo o hurto es de presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años). Pero, si con ocasión de la perpetración del delito se provoca la suspensión o afectación de un suministro público o domiciliario, la pena se aplica en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 años).
El Senado proponía incrementar esta última a presidio mayor en grado mínimo (5 años y un día a 10 años). No obstante, la Cámara respaldó mantener la actual penalidad del Código pero añadiendo como agravante ejecutar el ilícito simulando ser trabajador de alguna empresa proveedora de dichos servicios o hacer uso de información obtenida como trabajador de la misma.
En materia de contrabando, el texto mantiene la propuesta original de elevar las multas por el delito de receptación (5 a 20 UTM) de 75 a 100 UTM.
A ello, se suma castigar como autor de los delitos de robo, hurto o receptación, a quien tenga en su poder cosas que forman parte de las redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios, y a quien falsifique o use documentos falsos para poder trasladar o comercializar los productos de estos ilícitos.
Aduanas
A esto se añade el cambio al artículo 169 de la ordenanza de Aduanas, referido a la declaración maliciosamente falsa de mercancías de exportación o que salen del país.
Hoy esto se sanciona con pena de presidio menor en su grado medio a máximo a presidio mayor en su grado mínimo cuando el valor aduanero de las mercancías supere las 150
UTM. La nueva propuesta legal aumenta en un grado la pena si son chatarra de cobre, cables o equipos de telecomunicaciones, transporte de pasajeros o de tecnologías de información, si estos provienen de un robo o hurto.
A los empleados públicos o funcionarios aduaneros que, en el ejercicio de sus
funciones, faciliten la comisión de estos delitos se aplicarán las sanciones equivalentes a la de los autores.
Interceptación de comunicaciones
El proyecto despachado al Senado para que se pronuncie sobre las modificaciones propuestas por la Cámara, también permite el uso de medidas especiales de investigación como la interceptación de comunicaciones, tratándose de los delitos previstos en este proyecto.
En materia de medidas cautelares, el Ministerio Público o la víctima, en cualquier etapa del
procedimiento podrán solicitar la autorización judicial para obtener el auxilio de la fuerza pública para recuperar las especies sustraídas, sin previa notificación al imputado ni al propietario del lugar en que se encuentren las especies.
Intervinieron en las sesiones de Sala, las y los diputados Marta Bravo (UDI), Carolina Tello (FA), Ricardo Cifuentes (DC), Víctor Alejandro Pino (DEM), Roberto Arroyo (PSC); Gael Yeomans (FA), Leonardo Soto (PS), Marisela Santibáñez (IND), Andrés Longton (RN) y Hernán Palma (IND).
