Como parte de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, la Comisión de Seguridad Ciudadana inició la revisión del proyecto que crea un subsistema de Inteligencia Económica (boletín 15.975).
La norma corresponde a un mensaje del actual gobierno, aprobada en su primer trámite legislativo por el Senado, el pasado 25 de marzo.
El texto es parte de la agenda priorizada entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional en materia de Seguridad, y responde al Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito (2022 – 2026) que incluye políticas para combatir el crimen organizado, a partir de desbaratar sus redes, confiscar sus bienes de capital y destruir su logística.
En específico, el presente proyecto de ley se hace cargo de los objetivos de prevenir, detectar y perseguir penalmente a estas organizaciones criminales y sus formas de financiamiento. Esto a partir de la coordinación de la institucionalidad vigente, el análisis de datos, trazabilidad de operaciones y la ampliación de rubros obligados a informar de sus actividades.
Tal como explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ante la instancia legislativa, una preocupación son los nuevos delitos vinculados al crimen organizado. Así, informó que entre los años 2022 y 2023 se ingresaron ante el Ministerio Público 136.436 causas de delitos vinculados a esta materia. Esto representa una tasa de 775 delitos por cada 100 mil habitantes. En el desglose país, además, se evidencia que la Región de Tarapacá es la más afectada.
Coordinación institucional
El proyecto, en su conjunto, considera una serie de modificaciones a las normativas de los servicios de Aduanas, Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero, la Comisión para el Mercado Financiero y leyes específicas que regulan el mercado de valores.
De esta manera, se establece que dentro del citado subsistema de inteligencia económica, las unidades que lo componen harán intercambio de datos personales e información que recaben en el ámbito de sus competencias. Esto sobre delitos económicos, como los contemplados en la Ley de Mercado de Valores. Asimismo, con delitos como secuestro, sicariato, tráfico de personas o el robo de madera; y delitos de las leyes de drogas y terrorismo, entre otros.
Marcel precisó que el proyecto se organiza en tres ejes:
- Fortalecimiento del ecosistema de inteligencia y análisis económico
- Prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas
- Mejoras en facultades intrusivas y sancionatorias
Además, los funcionarios involucrados en este subsistema tendrán que cumplir normas de reserva de información, declaración de patrimonio e intereses, controles de consumo de drogas y estarán sujetos a incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones.
Por último, el ministro de Hacienda destacó que se amplía el objeto de trabajo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para que pueda levantar alertas sobre actividades de crimen organizado, lo cual se suma a sus actuales facultades en materia de ley de drogas y terrorismo.
Juegos de Azar
Por otra parte, el proyecto añade una regulación específica para controlar el funcionamiento ilegal de salas de máquinas de azar. De este modo, considera cambios en las normas administrativas que regulan los juegos de azar. Entre ellas, prohibir la importación de máquinas, salvo por quienes cuenten con autorización legal.
Además, sanciones en la Ley de Rentas Municipales para aquellos establecimientos que operen estas máquinas y cuyos permisos sean patentes para fines distintos. En dichos casos, las multas serán de hasta un 300% del valor de la patente junto a la clausura.
En la misma línea se actualizan los tipos penales para perseguir las apuestas y juegos ilegales (que data de 1874).
Normas rechazadas
Finalmente, el Ejecutivo informó a la comisión que harán planteamientos durante el presente trámite respecto a materias rechazadas en el Senado.
Se trata de las normas que permitían el levantamiento del secreto bancario, por parte de la UAF, sin mediar autorización judicial en ciertos casos. Esto en el marco de perseguir el dinero vinculado a las organizaciones criminales.
La Comisión acordó invitar a representantes de los organismos involucrados, como el Ministerio de Seguridad Pública y la UAF.
