La Comisión de Medio Ambiente inició la discusión del proyecto que modifica la Ley 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, para permitir la habilitación de cementerios de mascotas (boletín 16.669).
La propuesta busca modificar la citada ley para establecer que los municipios puedan elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar un “Plan Comunal” para la habilitación de un cementerio de mascotas.
En la sesión expuso del diputado, Héctor Ulloa, autor de la iniciativa. El legislador señaló que en Chile cada vez existen más personas que ven a las mascotas como un compañero/a de vida. “Son parte de nuestra familia. Nos entregan amor, protección y afecto incondicional. Es una relación afectiva que merece respeto y reconocimiento”, acotó.
Expuso, en ese contexto, que existen varias experiencias de cementerios clandestinos de animales en lugares improvisados, sin normas claras y con evidente riesgo de un posible problema sanitario.
El parlamentario ejemplificó que en San Pedro de la Paz, región del Biobío existe un espacio que nació de forma improvisada hace años, en un terreno privado ubicado a sólo metros de la playa de Bosque Mar. También, en la comuna de Puerto Montt existen antecedentes de varias familias que han utilizado terrenos privados para dar digna sepultura a sus mascotas.
Por esta razón, la propuesta plantea facultar a las municipalidades para la implementación de estas instalaciones.
Responsabilidad de Daño Ambiental
En un segundo punto, además, la comisión prosiguió con la revisión del proyecto que modifica la ley N°19.300, de Bases Generales de Medio Ambiente, en materia de responsabilidad por daño ambiental (boletín 15.791).
El proyecto tiene por objetivo fortalecer la obligación de reparar el daño ambiental causado por derrame de sustancias contaminantes, sin perjuicio de las sanciones civiles, administrativas o penales que correspondan.
Esto, cuando se trate de derrames al mar o sus costas, tales como hidrocarburos u otras prohibidas por la ley.
La diputada, Viviana Delgado, autora del proyecto, indicó que “la iniciativa busca que las empresas o personas que causen un daño ambiental sean responsables de repararlo sin necesidad de ir a la justicia”.
En sus fundamentos, el proyecto indica que, a partir de la entrada en vigencia de la ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, se produjo un importante retroceso en materia ambiental. Se sostiene que la norma anterior consideraba un régimen de responsabilidad estricta, donde el solo hecho de verter hidrocarburos al mar hacía presumible el daño ecológico y no era necesario probar la culpa ni el dolo para fijar el deber de reparar el daño ambiental.
