Permitir que el Ministerio Público inicie investigaciones de oficio en casos de hechos que revistan el carácter de delitos en materia tributaria. Esa es la finalidad de un proyecto (boletín 16533) que la Sala de la Cámara aprobó en su idea de legislar por 93 votos a favor, 3 en contra y 29 abstenciones.
Con lo anterior, se superó el quórum de ley orgánica constitucional exigido, que demandaba un mínimo de 77 votos favorables. Pese a lo anterior, el texto volverá a la Comisión de Economía para un segundo informe, dada la presentación de indicaciones.
La propuesta busca mejorar la colaboración entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII). De tal modo, otorga mayor autonomía al primero, con el propósito de asegurar una persecución más efectiva de conductas ilícitas en el ámbito tributario.
La propuesta avanza en dos enmiendas al Código Tributario. La primera suma al Ministerio Público dentro de las entidades facultades para iniciar denuncias o querellas respecto de investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad. Actualmente, dicha garantía la ostenta solo el Servicio de Impuestos Internos.
Luego, se indica que el SII deberá solicitar los antecedentes respecto a delitos tributarios al fiscal que tuviere a cargo la investigación. Esto, con la sola finalidad de decidir si ejercerá las atribuciones que le otorga la ley para iniciar causa en la materia.
La iniciativa se originó en una moción del diputado Francisco Undurraga. Lo acompañan en la firma Jorge Guzmán, Christian Matheson y Hotuiti Teao.
Debate
Tras la rendición del informe por parte del diputado Christian Matheson, participaron en el debate Matías Ramírez (PC), Jorge Guzmán (Evop), en una primera sesión, y, en la presente jornada, Gustavo Benavente, Leonarso Soto, Hotuiti Teao, Camila Musante, Agustín Romero, Johannes Kaiser, Camila Rojas, Carmen Hertz y Leonidas Romero.
Entre las opiniones se recordó que este tema cobró relevancia desde 2015 en adelante, tras casos donde el SII no hizo uso de su facultad exclusiva en casos bullados y donde se observó una suerte de impunidad de quienes participaron en ellos.
Así, se estimó que es una discusión fundamental para la justicia y la igualdad ante la ley. De tal modo, garantizar que los delitos tributarios serán perseguidos con el mismo rigor que otros crímenes. Asimismo, se estimó que, por su excepcionalidad dentro del sistema penal, debe revisarse con detención.
Otra visión objetó la propuesta. Estimó que la finalidad del tema es la recaudación fiscal y que una querella puede, en algunos casos, entorpecer dicha misión. Por otra parte, se estimó que esta materia es de exclusividad del Presidente de la República, por lo que tendría vicios de constitucionalidad.
