Al Senado y por unanimidad, la Sala de la Cámara aprobó y remitió el proyecto que busca asegurar el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por delitos de drogas, conductas terroristas o asociación delictiva.
En específico, la norma está orientada a los profesionales que patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en la Ley 20.000, delitos funcionarios contemplados en el Código Penal; delitos cometidos a través de asociaciones delictivas y criminales; y por crímenes o delitos contenidos en la ley que determina conductas terroristas.
En todos los casos la norma dispone que deberán percibir sus honorarios a través de sistemas de pago distintos al dinero en efectivo. Esto es, mediante cheque, vale vista, tarjeta de pago, transferencia electrónica u otro.
Asimismo, se incorpora en la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero el deber de informar de parte de los abogados defensores señalados. Este punto se votó en forma separada y se aprobó por 109 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones.
El proyecto corresponde a dos iniciativas refundidas. La primera de autoría del diputado Jaime Araya (boletín 17.125) y la segunda promovida por Juan Fuenzalida (boletín 17.111).
Incumplimiento y obligaciones
El proyecto estipula, además, que los abogados al concluir, renunciar o abandonar una defensa, deberán acreditar en el tribunal respectivo el pago que recibieron por sus servicios. Esto, aunque hayan sido percibidos como persona natural, sociedad o empresa.
Respecto de las sanciones, el texto aprobado propone que los abogados que incumplan esta obligación queden afectos a la suspensión del ejercicio de la profesión por un término de seis meses a un año.
No obstante, esto no regirá respecto de los abogados pertenecientes a la Defensoría Penal Pública.
En su segundo informe, la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó agregar que esta misma exigencia de acreditar el origen lícito de los recursos regirá en otras concesiones que el tribunal fije en el marco del otorgamiento de medidas cautelares, como la libertad bajo fianza. Punto que corresponde a la moción presentada por el diputado Juan Fuenzalida.
Apoyo transversal
En el debate en particular del presente proyecto, tras la lectura del informe por parte del diputado Jaime Araya, las y los diputados apoyaron transversalmente el texto.
Recalcaron que es necesario resolver la amenaza que representa el crimen organizado y se hizo un llamado al gobierno para apoyar el texto e ir cerrando los espacios que hay para la corrupción.
En los fundamentos a favor de la norma, se enfatizó que no se criminaliza ejercer como abogado penalista o limitar el derecho a defensa. Sino asegurar el origen lícito de dinero. Por ello, como legisladores el deber es asegurar que las defensas se realicen en el marco de la ley. Del mismo modo, hacer un seguimiento real al dinero para garantizar que no sea parte de un posible lavado de activos.
De igual modo, se señaló que no es posible que los tribunales hoy permitan el pago de cauciones con “plata manchada con sangre (…) que proviene de los delitos”, como remarcó el diputado Fuenzalida.
Respecto de la ampliación a otros delitos, se argumentó que esto busca que no se puedan utilizar fondos, por ejemplo, defraudados al Fisco, para pagar la defensa de los involucrados.
Entre las críticas se postuló que no tendrá un real impacto, ya que encontrarán otra forma de pagar y eludir esta obligación. Por otra parte, otros legisladores lamentaron que no se apoye levantar el secreto bancario, en el marco de la importancia de hacer seguimiento del dinero para combatir el crimen organizado y la corrupción.
Intervinieron ante la Sala las y los diputados Juan Fuenzalida, Maite Orsini, Alberto Undurraga, Natalia Romero, Jaime Araya; Flor Weisse, Marcos Ilabaca, Marta Bravo, Luis Sánchez, Cristian Araya; Agustín Romero, Leonardo Soto, Carolina Tello, Jaime Mulet, Raúl Leiva; Gaspar Rivas, Marta González y Andrés Jouannet.
