Aumentar el monto límite del avalúo fiscal que permite acceder a la regularización de bienes raíces urbanos, de modo de facilitar que más propietarios gocen de este beneficio. Esa es la finalidad de un proyecto (boletín 16270) aprobado en segundo trámite por la Sala de la Cámara y despachado al Ejecutivo para su promulgación como ley.
Para sus objetivos, el texto modifica el decreto ley 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella.
El informe de la Comisión de Vivienda lo presentó el diputado Luis Alberto Cuello. Explicó que la propuesta busca implementar procesos que permitan la actualización justa y regular de las avaluaciones de las propiedades, tomando en cuenta factores como el costo de la vida, la plusvalía y la revalorización urbana.
Sostuvo que el citado decreto considera un proceso administrativo excepcional, aplicado por el Ministerio de Bienes Nacionales. Éste está diseñado para regularizar la posición material de un inmueble. Otorga el título de dominio de la propiedad y, con esto, la seguridad y certeza de ser dueño/a legítimo del terreno.
Informó que el 75% de los inmuebles regularizados son de carácter rural, mientras que solo el 25% son urbanos. Lo que evidencia las dificultades que el límite de avalúo fiscal exigido genera en el acceso a este mecanismo.
Según indicó, la norma establece que los poseedores materiales de bienes raíces, rurales o urbanos, cuyo avalúo fiscal para el pago del impuesto territorial sea inferior a mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), que carezcan de título inscrito, podrán solicitar que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio por prescripción, de acuerdo con el procedimiento que se establece en la presente ley.
Fundamentos
En sus fundamentos, la iniciativa aborda el incremento sistemático registrado por el avalúo de las propiedades, tanto agrícolas como no agrícolas, como consecuencia de los procesos periódicos que realiza el Servicio de Impuestos Internos.
Además, remarca que, en el período 2008-2023, estas valorizaciones presentaron una significativa diferencia en las magnitudes de las alzas aplicadas en cada ocasión, sin guardar coherencia entre las variaciones experimentadas por los distintos inmuebles urbanos y rurales.
Seguidamente, ilustra el limitado alcance que tiene el programa de regularización de la pequeña propiedad raíz. Precisa que, entre junio del año 2022 y marzo de 2023, se entregó un total de 9.115 títulos de dominio.
Plantea que a medida que el costo de la vida y el valor del suelo aumentan, también lo hacen las avaluaciones de las propiedades, incluyendo aquellas pertenecientes a personas y familias vulnerables.
Debate
En la discusión intervinieron Jaime Sáez, Jorge Rathgeb, Tomás Hirsch, Jorge Saffirio, Juan Fuenzalida, Cristián Araya, Bernardo Berger, Daniel Lilayu, Juan Carlos Beltrán, Agustín Romero, Sergio Bobadilla, Leonidas Romero, Marcela Riquelme, Karen Medina, Clara Sagardia, Fernando Bórquez y Emilia Nuyado.
Las y los legisladores valoraron la iniciativa como un aporte para avanzar en la entrega de soluciones a miles de familias vulnerables, para que no se vean desmedidamente afectadas por el aumento del valor de sus propiedades.
Señalaron que es importante que el Estado se haga cargo de las regularizaciones de las propiedades, con medidas estructurales que disminuyan la carga financiera de todos los ciudadanos. En especial, se apunta a personas mayores y a los sectores rurales de nuestro país.
