Con el objetivo de fortalecer la protección de las comunidades rurales, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural aprobó en forma unánime legislar el proyecto que modifica el Código Penal para establecer como circunstancia agravante la comisión de delitos en zonas rurales (boletín 12.096).
La iniciativa presentada a trámite el 2018, se retomó para dar respuesta al aumento de delitos en sectores rurales, donde la distancia con los centros urbanos y la menor presencia policial dificultan la respuesta ante emergencias. En ese sentido, la propuesta propone como agravante aprovechar la vulnerabilidad de las víctimas en estos sectores y elevar las sanciones para quienes delinquen en estas condiciones.
En la discusión, se destacó que los delincuentes que operan en zonas rurales suelen actuar con mayor violencia, aprovechando la falta de auxilio inmediato. Así, casos como robos con intimidación en predios agrícolas y asaltos en caminos rurales son ejemplos de esta problemática.
Las y los integrantes de la comisión coincidieron con la necesidad de otorgar mayor protección a los habitantes de zonas rurales. Esto porque la actual legislación no distingue entre delitos cometidos en sectores urbanos y rurales, lo que deja en desventaja a quienes viven en zonas alejadas.
En la iniciativa se plantea que otros países como Argentina y España han implementado medidas similares para combatir la criminalidad en áreas rurales, aumentando penas y estableciendo estrategias de prevención específicas.
Sobre el punto, el diputado Benjamín Moreno dijo que es necesario revisar el proyecto ya que tiene aspectos que son subjetivos y que podrían hacerlo inaplicable.
Críticas al Ejecutivo
La sesión de la comisión estuvo previamente marcada por las críticas hacia el gobierno en materia de seguridad en las zonas rurales. A la sesión estaban citados el ministro del Interior, Álvaro Elizalde y la subsecretaría de prevención del delito, Carolina Leitao, quien excusó su inasistencia.
Sí asistió el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Durante la sesión, legisladores de oposición lo instaron a dejar su cargo, luego de la polémica por sus declaraciones tras las demandas de diversos alcaldes después del asesinato de una pareja en Graneros. El personero respondió en su momento que los municipios tienen recursos, gracias al royalty, para invertir en seguridad.
