La Sala de la Cámara aprobó el proyecto que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (boletín 16905). La iniciativa tiene como objetivo sistematizar la oferta de apoyos y cuidados existente. Junto a esto, busca incorporar nuevos elementos que cuenten con estándares de calidad para ser supervisados por los servicios e instituciones que los entregan.
La propuesta, presentada por el Gobierno y despachada al Senado, ingresó a trámite en junio de 2024. Durante su paso por la Cámara fue analizado en las comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda.
En su articulado, reconoce el derecho al cuidado en su triple identidad: el derecho a cuidar, a ser cuidado y a autocuidarse. Adicionalmente, reconoce los cuidados como un trabajo que cumple una función social y contribuye al desarrollo económico y social.
Agrega que el derecho al cuidado será otorgado de manera gradual a las personas en situación de dependencia o que no han alcanzado plena autonomía. También a las personas que cuidan a otros, ya sean remuneradas o no. La norma pretende fomentar la autonomía, prevenir la dependencia y proporcionar apoyos dentro de un marco de corresponsabilidad social y de género.
Definiciones
El proyecto define una serie de conceptos vinculados a su marco regulatorio. Entre estos destacan el de cuidados, un trabajo necesario que comprende un conjunto de actividades cotidianas de gestión y sostenibilidad de la vida. Estas se pueden realizar dentro o fuera del hogar.
Al reconocer los cuidados como un trabajo, la iniciativa también señala que el Estado dispondrá de instrumentos de medición y valorización del uso del tiempo. Para esto considerará la carga laboral y las condiciones específicas del trabajo de cuidados no remunerados que se realice.
Adicionalmente, define los apoyos como toda prestación que consista en implementos o acciones de intermediación requeridas por una persona mayor, por una persona con discapacidad o una persona con dependencia, para participar en el entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político. Así como aquellos que permitan superar barreras de aprendizaje, comunicación o movilidad en el entorno y entreguen una mayor autonomía.
Junto a aquello, define qué se entiende por persona cuidadora remunerada y no remunerada. La primera es aquella que recibe una remuneración por trabajos de cuidados de personas con dependencia (por motivos de salud, de curso de vida o de discapacidad) y de niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, la persona cuidadora no remunerada es la que realiza estas mismas acciones, pero sin una retribución económica. Esto, sin perjuicio de la existencia de un vínculo de parentesco entre ellas o de la pertenencia a un mismo hogar.
Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados
La norma crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el que estará a cargo de la Secretaría de Apoyos y Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso). Este corresponde a un modelo de gestión intersectorial constituido por las instituciones, programas, planes, políticas, servicios, prestaciones, etc. destinados a los apoyos y cuidados. Su objetivo será planificar, coordinar, proveer, supervisar y evaluar los programas, planes, políticas y servicios proporcionados por el Estado, los privados y la sociedad civil.
La Secretaría, igualmente, estructurará la Política Nacional de Apoyos y Cuidados, donde se definen los lineamientos del sistema. Aquí se promueve la organización social del cuidado en condiciones de igualdad, dignidad y corresponsabilidad social y de género. Además, considera diagnósticos y políticas específicas para niños, adolescentes, personas con discapacidad y mayores.
Entre ellos, crea el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados (PRLAC) para personas con dependencia severa y cuidadores no remunerados. Para esto, establece que los gobiernos regionales pueden establecer convenios con instituciones para promover estos servicios. El aumento de cobertura para este programa representa el 98,9% del costo fiscal total estimado para el proyecto.
Otras medidas
Asimismo, se crea el Sistema de Gestión de Información de Apoyos y Cuidados (SGIC). Su finalidad es asegurar el funcionamiento y el acceso a información oportuna y mejora continua del ámbito. Esto, a partir de la recolección, tratamiento, procesamiento, gestión, administración, difusión e intercambio de información.
Además, la propuesta establece la creación de un Comité Regional de Apoyos y Cuidados, presidido por un representante del gobierno regional. Su rol será presentar medidas sectoriales e intersectoriales para el Plan Nacional de Apoyos y Cuidados.
A su vez, forma el Consejo Regional de la Sociedad Civil, que asesorará al Comité Regional y supervisará la implementación de los programas regionales en materia de apoyos y cuidados. Estará compuesto por representantes de diversas organizaciones, incluidas discapacidad, personas mayores y organizaciones de cuidadores no remunerados y remunerados.
Debate parlamentario
El informe de la Comisión de Desarrollo Social fue presentado a la Sala por la diputada Viviana Delgado (IND). Mientras que, el de Hacienda, estuvo a cargo de la diputada Camila Rojas (FA).
Además, intervinieron en el debate las y los diputados Carolina Tello (PC), Flor Weisse (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Ana María Gazmuri (PAH), Helia Molina (PPD), Hotuiti Teao (IND), Ana María Bravo (PS), Luis Sánchez (PREP), Karen Medina (IND), Rubén Darío Oyarzo (IND), Roberto Arroyo (PSC), Carolina Marzán (PPD), María Candelaria Acevedo (PC), Clara Sagardia (FA), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Camila Rojas (FA), Juan Carlos Beltrán (RN), Daniel Melo (PS), Carlos Bianchi (IND), Andrés Celis (RN), Alejandra Placencia (PC), Nelson Venegas (PS), Cristián Araya (PREP), Emilia Schneider (FA), Yovana Ahumada (PSC), Héctor Barría (DC), Joanna Pérez (DEM), Jorge Brito (FA), Carla Morales (RN), Viviana Delgado (IND) y Agustín Romero (PREP)
Entre quienes respaldaron la norma la reconocieron como una iniciativa que genera un gran avance en justicia social. Asimismo, relevaron que se reconozca el derecho a ser cuidado, a cuidar y al autocuidado.
Así también destacaron el importante rol que cumplen las personas cuidadoras y las bases que se establecen para mejorar sus condiciones. Entre sus planteamientos relevaron que las y los cuidadores cumplen un rol que no cumple eficientemente el Estado. Por lo tanto, es necesario avanzar en las políticas que la iniciativa propone y que permite crear redes de apoyo y cuidados a lo largo del país.
Sin embargo, las y los diputados que rechazaron la norma señalaron que es un proyecto bien intencionado, pero acusaron falta de mejoras a las condiciones de las y los cuidadores. Específicamente, en el aumento del estipendio que actualmente es cercano a $33.000. De igual modo, criticaron que los recursos lleguen a los gobiernos regionales y no a los municipios. En tal plano, se manifestaron en contra de la creación de la nueva institucionalidad, como lo propone el proyecto del Ejecutivo.
Gobierno
Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que “las políticas y sus enfoques sí importan”. Sobre esto, relevó el hecho de que son las mujeres quienes ejercen mayoritariamente las labores de cuidado. Por lo tanto, justificó el enfoque en corresponsabilidad social y de género.
En tanto, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, planteó que las necesidades de cuidado han crecido en los últimos años. Por esto, el proyecto concibe a los cuidados como un cuarto pilar de la protección social. En esta línea, destacó la creación del Registro Nacional de Cuidadores y la construcción de los primeros centros de cuidados en el país.
Al momento de las votaciones, la Sala aprobó prácticamente todo el articulado del proyecto. La excepción estuvo en la norma que establecía la creación del Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados.
