Luego de culminar la etapa de audiencias, la Comisión de Medio Ambiente aprobó por 7 votos a favor y 4 en contra, la idea de legislar para dictar normas de protección para defensores de la naturaleza y los DD.HH. medioambientales (boletín 16.886).
El texto -fruto de una moción parlamentaria- busca consagrar un marco normativo de protección para dichos defensores, el cual haga operativo el Acuerdo de Escazú.
El diputado Luis Malla (PL) agradeció el respaldo a la moción de su autoría. Afirmó que es un proyecto importante porque es el primer paso para cumplir el Acuerdo de Escazú suscrito por Chile. A su vez, destacó a la Fundación “Escazú Ahora” que participó en la redacción de la norma y que día a día buscan dar cumplimiento al tratado.
En tanto, Camila Musante (IND) -coautora de la iniciativa- planteó que no sólo se reconoce la labor de personas injustamente atacadas, que exponen su integridad física y su vida. Además, destacó que cumplen una labor fiscalizadora que el Estado no hace, con un trabajo de mucha convicción y dedicación.
Daniel Melo (PS) consideró que el proyecto apunta a una realidad concreta que es la persecución a personas que protestan y levantan demandan ambientales. Además, permite que el Acuerdo de Escazú se pueda implementar.
La instancia acordó el 2 de abril como plazo para presentar indicaciones e iniciar la votación particular del texto que también firman Alejandro Bernales (PL), Viviana Delgado (IND), Vlado Mirosevic (PL) y Sebastián Videla (IND).
Grupo privilegiado
En los votos en contra, la diputada Sara Concha (PSC) reconoció que es una iniciativa loable frente a los problemas que enfrentan los defensores que, al manifestar su punto de vista, están en peligro. Sin embargo, consideró que el proyecto presenta ambigüedades. Por ejemplo, en la definición del defensor medioambiental e interpretaciones que exceden la idea matriz.
Por su parte, José Carlos Meza (REP) consideró que no se justifica establecer y defender a “un grupo privilegiado” como los defensores ambientales. A su juicio, las condiciones de seguridad deben extenderse a todos los chilenos que defienden un interés local o ciudadano, así como apuntar a mejorar el sistema judicial para un mejor acceso a la justicia.
Apoyo a defensores ambientales
El subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, valoró que se establezcan facultades de investigación y prevención temprana en casos de agresiones o amenazas a defensores ambientales.
También que se fijen acciones penales ante la vulneración de derechos y se establezca la responsabilidad de las personas jurídicas involucradas en delitos. Asimismo, que se considere como agravante en el tipo penal los delitos cometidos.
En tal sentido, el personero consideró que es un buen proyecto que va en la dirección de avanzar en la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú. Por ello, manifestó la disposición de un trabajo conjunto para precisar indicaciones.
Mientras que, en representación de los defensores ambientales de Limache, Miguel Fredes propuso diversas modificaciones a la moción parlamentaria (ver presentación). Entre ellas, no sólo incluir como objetivo principal proteger a defensores de los DD.HH. en asuntos ambientales y de la naturaleza; si no, además, a abogados defensores y periodistas.
Planteó agregar en las definiciones los conceptos de “participación pública”, “asuntos de interés público” y “acciones legales abusivas contra la participación pública”.
Desde la ONG Fima, Carolina Palma dijo que América Latina y el Caribe es la región más peligrosa para los defensores ambientales, con el 60% de los asesinatos del mundo.
A nivel nacional, dijo que los defensores ambientales tienen peligro de muerte, acoso, amenazas, ciber vigilancia, demandas y violencia sexual contra las mujeres.
Finalmente, Ezio Costa llamó al gobierno a patrocinar y modificar la iniciativa. Igualmente, pidió considerar el daño digital que se causa a los defensores ambientales, con discursos de odio y noticias falsas respecto a su vida personal, fijando sanciones al respecto.
