
Un proyecto que reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas avanza en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
La propuesta, que se vota en particular, es una una moción (boletín 17241) de la diputada Ericka Ñanco (FA). Entre sus lineamientos, también fomenta el rescate, promoción del uso y desarrollo de sus lenguas, culturas y cosmovisiones.
Entre las normas aprobadas se cuenta que el Estado reconoce las lenguas indígenas como parte constitutiva del patrimonio cultural indígena en el marco de la diversidad lingüística del país. Además, se consigna que es deber del Estado su salvaguarda, recuperación, revitalización, conservación, fortalecimiento, investigación, promoción y difusión en el territorio nacional.
Enseñanza y derechos lingüísticos
El texto, adicionalmente, consagra los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas:
- Comunicarse en la lengua de la que se es hablante, en el ámbito público y privado, ya sea en forma oral o escrita. Esto, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas.
- No discriminación por el uso de las lenguas indígenas. Todo acto de discriminación arbitraria podrá ser denunciado de conformidad a la ley que establece medidas contra la discriminación.
Financiamiento de la Educación Superior
En otro frente, la Comisión de Educación se encuentra votando en particular el proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de educación superior en reemplazo del CAE (boletín 17169). La propuesta está basada en un mecanismo de retribución distinto a los créditos y sin participación de la banca.
Esta semana, la instancia parlamentaria abordó la creación del Nuevo Instrumento de Financiamiento Público para Estudios de Nivel Superior. Este mecanismo financiará los estudios de alumnos de instituciones de educación superior que cumplan ciertos requisitos.
Luego, se aprobó el artículo referido a la obligación de “contribución”, término que fue modificado por “pago”. La indicación que propició el cambio la presentaron, desde RN, Marcia Raphael y Hugo Rey.
El texto señala que las personas que se beneficien del instrumento quedarán obligadas a contribuir al Fisco un monto de dinero de forma anual y contingente a su ingreso.
Por otra parte, hubo una propuesta de enmienda que fue declarada inadmisible, relativa al uso parcial del beneficio. Sobre el punto, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, se manifestó dispuesto a recoger la materia más adelante.
Crímenes en contra de personas mayores
La Comisión de Personas Mayores abordó esta semana el aumento en los crímenes de homicidios y violencia generalizada desplegada por la delincuencia y falta de seguridad hacia este grupo etario.
A la sesión asistió la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. La autoridad expuso que la evolución del comportamiento de las víctimas adultas mayores ha aumentado a través de los años.
En ese sentido, advirtió que los datos señalan que hay delitos que afectan con mayor frecuencia a los adultos mayores, tales como violencia intrafamiliar, robos en lugares habitados y no habitados, amenazas o riñas y daños
Detalló que, en el año 2024, se registraron 118.923 víctimas por delitos, faltas e infracciones. Respecto de 2023, se observó un aumento de 23,4% (11.490 adultos mayores más).
Respecto del año 2023, la autoridad alertó que todas las regiones registraron aumentos en la frecuencia de víctimas adultos mayores. En específico, los aumentos principales se observaron en las siguientes regiones: Metropolitana (36%), Magallanes (35,3%) Valparaíso (24,8%), Aysén (24,5%) y Tarapacá (21,7%).
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