Las licencias médicas pasarán a contar, desde ahora, con un sistema más robusto de fiscalización y de sanciones. Esto se concretará gracias a un proyecto (boletín 14845) que la Sala de la Cámara aprobó hoy en forma unánime y que quedó en condiciones de ser promulgado como ley.
La propuesta se originó en un texto presentado por el Ejecutivo. Para ello tuvo como motivación la constatación de abusos, uso indiscriminado e, incluso, fraudes en el sistema de licencias médicas.
En la jornada de hoy, el texto se revisó conforme a los acuerdos alcanzados en una comisión mixta, ya aprobados por el Senado la semana pasada. La redacción saliente de la nueva ley considera gran parte de la redacción despachada por la Cámara, en el segundo trámite.
Las principales excepciones pasan por algunas precisiones hechas en la mixta en torno a los casos en que un contralor médico de una isapre o de una comisión de medicina preventiva e invalidez (Compin) rechace injustificadamente una licencia. Junto a ello, se perfecciona la vía de reclamación ante la Superintendencia de Salud y las sanciones respectivas.
Proyecto de licencias médicas despachado
Para sus fines, la iniciativa modifica la Ley 20.585, que regula el otorgamiento y uso de licencias médicas. El objetivo es fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores. La idea es proteger el sistema de seguridad social de abusos y fraudes. Así, se espera garantizar el correcto uso y otorgamiento de las licencias médicas a usuarios legítimos. Por otra parte, se promueve la transparencia y eficacia del sistema.
El articulado, en términos generales, alude al siguiente contenido:
- Aumento sustancial de las multas.
- Incremento de los periodos de suspensión para emitir futuras licencias médicas.
- Facultades administrativas que permitan la notificación electrónica a los profesionales investigados, para una mayor efectividad del proceso sancionatorio.
- Genera la obligación del profesional investigado de acompañar la ficha clínica o algún otro documento que acredite la atención médica.
- Otorga facultad para investigar a contralores médicos de la Compin y de las isapres.
- Aumenta la facultad y herramientas para un mejor control de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Compin. En particular, se les otorga competencia para suspender la emisión directa de licencias médicas.
El gasto fiscal involucrado en este proyecto apunta al aumento de personal de la Suseso y de la Compin. En el primer caso, el monto ascenderá a $232 millones, en régimen; en el segundo, se llegará a $461 millones, en régimen.
Especificaciones
Entre sus normas, el texto define que solo podrán emitir licencias médicas los médicos cirujanos, cirujano dentistas o matronas, que se encuentren debidamente inscritos y legalmente habilitados en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud que dispone la Superintendencia de Salud. En el caso de los médicos cirujanos que hayan obtenido o revalidado su título de médico cirujano, a partir del 19 de abril de 2009, les será exigible, además, haber aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina.
La licencia médica electrónica se materializará en un formulario especial electrónico. Este registrará todas las certificaciones, resoluciones y autorizaciones que procedan. De forma excepcional, podrán emitirse en soporte de papel por falta de medios tecnológicos o de conectividad. También en casos de profesionales autorizados previamente por la respectiva Compin.
El texto, igualmente, identifica las causales por las cuales se puede iniciar un procedimiento de investigación. Para ello se atenderá la ausencia de fundamento médico. Es decir, carencia de una patología que produzca incapacidad laboral temporal por el período y la extensión del reposo prescrito o sin una atención de salud asociada a su emisión.
Junto a lo anterior se especifican los procedimientos a seguir por las partes y los efectos para los investigados en caso de no entregar la documentación requerida. De igual modo, se describe el cuadro de sanciones. Acá se incluye la suspensión de la facultad para otorgar licencias médicas, que va hasta 180 días, en el primer tramo; a una condición perpetua, en el último. Junto a ello, se consideran multas que llegarán hasta 140 UTM, en el primer tramo, y hasta 600 UTM, para el más grave.
Adicionalmente, se contempla el envío al Ministerio Público de aquellos casos donde se acredite la falsedad de las licencias otorgadas. En la misma línea, se indican las sanciones penales para los infractores en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez falsas.
Debate
En el debate hubo un apoyo generalizado a la iniciativa. Se estimó necesario terminar con la defraudación del sistema que alcanza dimensiones de más 26 mil millones de pesos. Recuperar este dinero, se alertó, permitirá mejorar la atención de salud y, por ejemplo, destinar dichos “ahorros” a reducir las listas de espera.
Las y los legisladores también apelaron a que las isapres no tramiten tanto el pago de las licencias reales, muchas veces sobre cuestionadas por las instituciones, exigiendo a los pacientes documentos sobre documentos sin justificación.
Participaron Agustín Romero (PREP), Felipe Donoso (UDI), Daniel Lilayu (UDI), Hernán Palma (IND), Jorge Guzmán (Evop), Héctor Barría (DC), Enrique Lee (IND), Ana María Gazmuri (PAH), Renzo Trisotti (IND), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Marlene Pérez (IND), Patricio Rosas (FA) y Marta Bravo (UDI).
