Analizar la crisis provocada por el corte de suministro eléctrico entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos, durante el pasado 25 de febrero, fue la motivación de una sesión especial realizada por la Sala de la Cámara, esta tarde.
La sesión tuvo un foco principal en las causas inmediatas y mediatas de dicho evento. Asimismo, la reacción de los órganos de la administración del Estado para enfrentar sus consecuencias. Para abordar el tema concurrieron los ministros del Interior, de Energía y del Medio Ambiente. Además, asistieron el subsecretario de Telecomunicaciones, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y el superintendente de Electricidad y Combustibles (SEC).
En representación de los solicitantes de la jornada abrió el debate Andrés Celis (RN). Resaltó que el corte nos permitió tomar conciencia de la fragilidad del país en materia energética. Recordó que los datos preliminares hablan de fallas en las empresas eléctricas, pero también en la fiscalización de las autoridades, de asegurar el suministro eléctrico. “¿Cómo una falla en una sola línea provocó un efecto cascada en todo el país?”, acotó.
Por ello, insistió en que el sistema es frágil y mal regulado. De ahí, llamó a encargar a las responsabilidades del caso, tanto en nivel de las empresas, con sanciones y multas, pero también a nivel político. “Sus respuestas han sido reactivas en vez de preventivas. ¿Quién responde?”, enfatizó.
Dijo que Chile debería replantearse el modelo actual de pocas líneas troncales. Pidió más inversión en infraestructura regional, con redes inteligentes que aíslen las fallas y con mecanismos de respaldo con microredes. Asimismo, una supervisión efectiva que garantice un suministro confiable. Igualmente, concretar protocolos de emergencia de respuesta frente a este tipo de situaciones. “Esto no puede volver a ocurrir”
Otras opiniones por el corte eléctrico
También en el tiempo previo expuso el presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, Marco Antonio Sulantay (UDI). Llamó la atención que, hasta ahora, las informaciones son incompletas. En tal plano, relevó la necesidad de esperar a las conclusiones de la investigación que sigue la autoridad, eventualmente hacia el 18 de marzo próximo, antes de exigir responsabilidades por el corte de electricidad. Además, requirió saber quién, desde el Gobierno, es responsable de la gestión de crisis y cómo fue el diseño de la emergencia.
Por otra parte, solicitó tener presente no solo el problema del suministro eléctrico, sino que, de igual modo, los relativos a las telecomunicaciones que no operaron. Así, consultó si hay una investigación en torno a este tema y si se está gestionando alguna medida para aumentar la capacidad de carga de las baterías de las antenas. “Hoy es momento de entender, de informarnos y dejar que las instituciones funcionen”, sentenció.
Luego, en el debate, participaron Jorge Rathgeb (RN), Álvaro Carter (UDI), Ana María Gazmuri (PAH), Cristián Tapia (IND), Agustín Romero (PREP), Marisela Santibáñez (IND), Marcela Riquelme (FA), Rubén Darío Oyarzo (IND), Francisco Undurraga (Evópoli), Alberto Undurraga (DC), Sebastián Videla (IND), Jaime Mulet (FRVS), Jorge Brito (FA), Roberto Arroyo (PSC), Gael Yeomans (FA), Flor Weisse (UDI), Daniela Serrano (PC), Yovana Ahumada (IND), Hugo Rey (RN), Camila Rojas (FA), Benjamín Moreno (PREP), Nelson Venegas (PS), Luis Malla (PL), Daniel Melo (PS), Emilia Nuyado (PS) y Daniel Lilayu (UDI).
En las intervenciones, varios criticaron la ausencia del presidente del Consejo del Coordinador Eléctrico Nacional, Ernesto Huber. Incluso, algunos señalaron la necesidad de que salga de su cargo tras el grave incidente de febrero.
Desde el oficialismo, la diputada Marcela Riquelme destacó que, más allá de la caída eléctrica, el problema grave fue que hubo una falla en la comunicación. Esto, porque el sistema de comunicación que debe implementarse ante estas circunstancias no funcionó. Por lo tanto, estimó necesario tomar medidas preventivas por parte de la Superintendencia.
Por otro lado, el diputado Alberto Undurraga criticó que las características del apagón fue propio de terremotos y tsunami, sin haber vivido esas catástrofes. A su juicio, eso “no es aceptable”. Frente a este escenario, hizo un llamado al Gobierno a “poner el acento en las responsabilidades”. Aclaró que, si bien es cierto que el Ejecutivo no es el que opera el sistema, “sí debe operar los distintos instrumentos para aplicar las sanciones correspondientes”.
Ejecutivo
En representación del Gobierno, intervino el ministro de Energía, Diego Pardow. En su presentación hizo un relato de la cronología de los antecedentes con los que se cuenta hasta ahora. Tras esto, planteó que existen tres aspectos con los cuales se puede analizar esta situación. En primer lugar, se encuentra la falla en sí y su origen que, hasta ahora, se investigan para establecerlo con claridad. Seguido, están la extensión geográfica del apagón y su duración.
Frente a aquello, explicó que el sistema cuenta con un plan para la prevención de este tipo de emergencias cuyo objetivo es, justamente, evitar un apagón. Este plan es pagado por las y los usuarios del sistema, junto al plan de recuperación del servicio.
Con dichos antecedentes, el secretario de Estado llamó a “evitar las conclusiones aceleradas”. A su juicio, es necesario que esta crisis se mire con altura y que las posiciones se sostengan con evidencia para aproximarse con la mayor seriedad posible.
En nombre del Ejecutivo también expuso el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Fue enfático en señalar que la reacción de las autoridades fue inmediata. Junto a esto, insistió en la necesidad de reflexionar sobre lo que pasó y, luego, tomar las medidas necesarias para prevenirlo. Destacó que el servicio eléctrico está en manos de los privados y que son ellos quienes tienen que cumplir con los marcos vigentes y tomar las medidas para que las situaciones no vuelvan a producirse.
Resoluciones
En la ocasión se presentaron seis resoluciones, de las cuales se aprobaron cinco. En la primera de ellas (1462), se solicita trabajar en un plan de fortalecimiento del control del Estado en empresas estratégicas. Luego, la resolución 1464 requiere al Gobierno que se comprometa a desarrollar medidas para diversificar las líneas de transmisión y fortalecer la infraestructura del sistema eléctrico nacional. Mientras que la 1465 pide reformas para fortalecer los mecanismos de supervisión, control, autonomía y soberanía energética.
Las últimas dos solicitudes aprobadas apuntan a:
- Instar a medidas de investigación y a la elaboración de un plan integral para evaluar el estado actual del sistema eléctrico nacional (1466).
- Manifestar preocupación por la reacción del Gobierno y reclamar por acciones que protejan la capacidad de generación y transmisión eléctrica del país (1467).
La resolución rechazada (1463) llamaba al Presidente de la República a patrocinar un proyecto de ley para crear la Empresa Chilena de Energía Eléctrica.
