Las y los diputados de la Comisión Especial Investigadora sobre el Funcionamiento general de las universidades, realizó su última sesión de audiencias antes de lo que será la elaboración del informe de conclusiones y propuestas.
Para la ocasión recibieron al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Ambos expusieron, entre otros temas, las iniciativas en materia de transparencia en que están trabajando.
El presidente de la instancia, Juan Santana (PS), solicitó el acuerdo de las y los diputados para que el 5 de marzo se recopilen las propuestas de conclusiones de las y los parlamentarios para, de esa manera, votar el texto del informe el 12 de dicho mes.
Universidades y transparencia
Sobre el objeto de la investigación, el ministro Cataldo dijo que es vital fiscalizar el bueno uso de los recursos públicos en el sistema de educación superior.
En esa línea, apuntó que no han sido pocas las regulaciones que se han instaurado, por ejemplo, por el lucro que se daba. Agregó que es fundamental que haya más eficiencia y dinamismo. Dijo que aquello es clave porque como ministerio están atendiendo varias situaciones críticas en el sistema.
En específico, relató los inconvenientes en las universidades Austral y La Frontera, Arcos y otras. Asimismo, destacó la labor de la Superintendencia de Educación Superior y de la Agencia de Calidad de la Educación.
Cataldo apuntó que trabajan de forma intensa en ampliar la transparencia activa, así como en potenciar una estructura o mecanismo para entregar más certeza a la ciudadanía y las comunidades educativas. “Es preciso recuperar la fe pública”, indicó.
Universidades y cambios normativos
Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, valoró la labor de la comisión para fiscalizar situaciones en el ámbito de educación superior. Resaltó también el rol de la Superintendencia, que juega un rol clave en la vigilancia y monitoreo de la educación superior.
Sin embargo, señaló que los hechos discutidos por la instancia o problemas detectados en el último tiempo no solo pueden abordarse desde el punto de vista de la fiscalización.
“Por ello, el gobierno ha presentado cambios normativos para mejorar la educación superior, como modernizar el sistema de financiamiento; así como reorganizar de mejor manera la distribución de fondos con las instituciones por medio del establecimiento de indicadores claros”.
Además, dio cuenta del proyecto que reemplaza el Crédito con Aval del Estado (CAE), así como las exigencias en cuanto a transparencia para las instituciones adscritas a gratuidad, para de esa forma establecer mayores requisitos de rendición de cuentas.
