Dos años adicionales tendrá el mundo rural para regularizar sus derechos de agua, atendiendo las dificultades que se han enfrentado en la práctica en dicho proceso. Así lo permite un proyecto (boletín 17151) aprobado por la Sala de la Cámara y enviado al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.
La iniciativa, revisada hoy en tercer trámite, se originó en una moción de Víctor Alejandro Pino (DEM). También la firman Yovana Ahumada (IND), Miguel Ángel Calisto (IND), Benjamín Moreno (PREP), Emilia Nuyado (PS), Joanna Pérez (DEM) y Jorge Saffirio (DEM).
En lo medular, la propuesta modifica la Ley 21.435, que reforma el Código de Aguas. Concretamente, amplía el plazo original de 18 meses para regularizar los derechos de agua. Así, se pasa del 6 de abril de 2025 al 6 de abril de 2027 como nuevo tope.
Esta medida busca corregir desventajas que enfrentan pequeños agricultores y comunidades rurales que no han podido completar los trámites. Esto se debió a diversos problemas estructurales en el proceso de inscripción, como la falta de acceso a información y tecnología. Ello se visualizó, especialmente, en zonas rurales donde los conservadores de bienes raíces no están digitalizados.
Otro aspecto observado es la desigualdad entre aquellos titulares que tienen acceso a servicios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y quienes no lo tienen. El punto es que los primeros tienen un plazo de cinco años para regularizar sus derechos, mientras que los demás solo 18 meses.
Igualmente, se constató falta de difusión y acompañamiento en el proceso de inscripción. Esto afectó, en particular, a los adultos mayores.
Cambios del Senado al proyecto
La Cámara despachó el proyecto el 30 de octubre de 2024. En la jornada de hoy se revisaron las modificaciones del Senado que se concentraron, principalmente, en tres puntos.
En lo referente al trámite, se agregó la necesidad de acompañar, para cada caso, copia del certificado de dominio vigente y de la inscripción en el registro respectivo. La finalidad es que la Dirección General de Aguas (DGA) pueda proceder a registrarlo en el Catastro Público de Aguas. De tal modo, se evita la aplicación de sanciones futuras.
Luego, se pide a la DGA que informe semestralmente las acreditaciones efectuadas a las comisiones de Recursos Hídricos de la Cámara y del Senado. También al Indap, Conadi y las organizaciones de usuarios respectivas.
Finalmente, se exceptúa a los servicios sanitarios rurales, de indígenas y de comunidades indígenas de la obligación de acreditar ante la DGA los derechos constituidos por acto de autoridad competente, inscritos en el Conservador, pero no incluidos en el Catastro Público de Aguas.
En el debate intervinieron Carolina Tello (FA), Víctor Alejandro Pino (DEM), Roberto Arroyo (PSC), Emilia Nuyado (PS) y Frank Sauerbaum (RN).
Todas las exposiciones fueron en respaldo de la iniciativa, estimándola necesaria y urgente para el mundo rural. Igualmente, llamaron al Ejecutivo a cumplir con su compromiso de acompañamiento al proceso de regularización. De tal forma, se espera que en el nuevo plazo se pueda concretar la normalización del proceso.
