Durante la presente semana legislativa, la Sala aprobó tres acuerdos y dos resoluciones que abordan diversas temáticas de interés y preocupación de diputadas y diputados.
El martes 14 se adoptó el Acuerdo 34 donde la Cámara manifiesta su “absoluta preocupación por el manejo y la conducción de las relaciones exteriores a cargo de S.E, el Presidente de la República, Gabriel Boric”, dada su negativa a que Chile reconozca al Edmundo González como presidente electo de Venezuela “y por no haber expresado -de manera firme y contundente- el rechazo de nuestro país a la toma de posesión que seguirá perpetuando en el poder al dictador Nicolás Maduro”.
El documento presentado a la Sala por los diputados UDI Cristián Labbé, Cristhian Moreira, Jorge Alessandri y el diputado de Evopoli, Francisco Undurraga, lamenta “la falta de una acción más concreta y decidida por parte del Presidente Gabriel Boric, como encargado de la conducción de las relaciones exteriores de nuestro país”.
Obtuvo 71 votos a favor, 37 en contra y 19 abstenciones.
En tanto, el segundo documento (Acuerdo 35) manifiesta a S. E. el Presidente de la República su rechazo a la política gubernamental de adquisición de inmuebles patrimoniales y observa con preocupación las irregularidades en la adquisición de la propiedad que fuere de dominio del ex Presidente Salvador Allende.
El texto presentado por la diputada RN Ximena Ossandón, junto a los diputados Gustavo Benavente y Henry Leal, de la UDI, y Hugo Rey (RN), señala que este caso ha impactado por la “total negligencia y desprolijidad”. Esto, porque un número no menor de funcionarios del ámbito jurídico tuvo conocimiento y visaron el acto que transgrede la Constitución y los principios de probidad.
El acuerdo se aprobó por 69 votos a favor, 43 en contra y 13 abstenciones.
Juan Fernández
A su vez, en la sesión del miércoles 15 de enero, la Sala respaldó por unanimidad el Acuerdo 36, a través del cual la Cámara de Diputadas y Diputados expresa al Primer Mandatario la urgente preocupación por la ineficacia de las políticas públicas y su impacto en el desarrollo en territorios aislados, en particular del Archipiélago de Juan Fernández.
Según la diputada Karol Cariola, Presidenta de la Corporación y autora de la propuesta, este escenario ha impedido el avance y desarrollo de los territorios aislados del país. Estos enfrentan problemáticas como la falta de acceso a agua potable, ausencia de proyectos de alcantarillado, y carencia de servicios de salud adecuados, entre otras materias.
El documento propone implementar un factor de cálculo especial para el Fondo Común Municipal (FCM) que beneficie a estos territorios, y en específico en Juan Fernández. Además, desarrollar políticas que fortalezcan la identidad cultural como, por ejemplo, la celebración de feriados especiales que conmemoran eventos significativos en la historia de estas comunidades.
Resoluciones
En esta sesión, asimismo, se aprobaron dos solicitudes de Resolución.
Por 105 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, se aprobó la solicitud 1353 que pide al Presidente el ingreso de un mensaje que obligue a soterrar cables de trasmisión eléctrica y de servicios de telecomunicaciones.
La idea es que se dicha medida se implemente de manera progresiva, comenzado por la región de la Araucanía y otras del sur del país.
El texto impulsado por el diputado RN Juan Carlos Beltrán sostiene que los cortes de suministro que ocurren, principalmente, en período invernal, tienen su origen en la caída de ramas y árboles, por lluvias y vientos que alcanzan los 125 kilómetros por hora.
En tal sentido, se recordó la experiencia positiva de Punta Arenas, una de las ciudades más afectadas por las inclemencias del tiempo y por vientos que superan los 150 kilómetros por horas; donde el soterramiento de cables eléctricos evita la suspensión del servicio.
Además, con la votación de 119 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara aprobó la resolución 1354 que pide al Presidente de la República que presente un proyecto de ley que declare exentos del pago de contribuciones territoriales a los adultos mayores.
En el documento, de autoría de la diputada Carla Morales (RN), se explica que el proyecto propone aliviar su carga financiera, como medida de justicia social, reconociendo las aportaciones de los adultos mayores a la sociedad a lo largo de su vida y garantizando que no enfrenten dificultades económicas durante su retiro.
Además, plantea que mantener un equilibrio entre la recaudación de ingresos para el Estado y la protección del bienestar de la población es crucial para una política fiscal justa y sostenible.
