Falta de asistencia técnica, escasez de recursos humanos capacitados y dificultades para acceder a financiamiento. Estos factores han sido parte de las trabas que han impedido una efectiva implementación de un conjunto de normas relativas a agua potable y aguas servidas rurales (APR), que motivaron la presentación de un proyecto de ley (boletín 17265) que amplía los plazos para incorporarse a dichas disposiciones y que, hoy, la Sala de la Cámara aprobó y derivó a segundo trámite.
La iniciativa nació en una moción presentada por el diputado Víctor Alejandro Pino (DEM). También la firman Yovana Ahumada (IND), Héctor Barría (DC), Miguel Ángel Calisto (IND), Erika Olivera (DEM), Joanna Pérez (DEM) y Jorge Saffirio (DEM).
En sus fundamentos, el texto recuerda que la Ley 20.998 se promulgó para establecer un marco jurídico integral que regule la producción y distribución de agua potable, así como la gestión de aguas servidas en sectores rurales.
Su objetivo fue profesionalizar los servicios sanitarios rurales, incorporando elementos como una regulación tarifaria, destinada a garantizar la transparencia y equidad en los costos de los servicios; licencias de operación, que ayudan a formalizar a los operadores para asegurar su idoneidad técnica, así como fiscalización estatal, destinada a supervisar el cumplimiento de las normas mediante la labor de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Sin embargo, su implementación ha resultado compleja por las razones ya descritas. Eso motivó una primera postergación a través de la Ley 21.401. No obstante, dichos ajustes no fueron suficientes para superar las barreras estructurales que enfrentan las organizaciones rurales. De ahí que la Dirección de Obras Hidráulicas y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales implementaron mesas de diálogo con los dirigentes de comités y cooperativas APR para identificar soluciones viables.
Nuevos plazos para los APR
El proyecto, conforme a lo despachado por la Comisión de Recursos Hídricos, fija nuevos plazos para que la mencionada Superintendencia haga válidas sus nuevas facultades fiscalizadoras y sancionatorias sobre los operadores que están sujetos a su competencia. La cronología contemplada en la iniciativa aprobada es la siguiente:
- A partir del 20 de noviembre de 2026, para los operadores clasificados en el segmento Mayor.
- Desde el 20 de noviembre de 2027, para los operadores clasificados en el segmento Mediano.
- A partir del 20 de noviembre de 2028, respecto de operadores clasificados en el segmento Menor.
En el debate expusieron Daniel Lilayu (UDI), Nelson Venegas (PS), Carolina Tello (FA) y Víctor Alejandro Pino. En general, relevaron el papel de los APR y la necesidad del aplazamiento de las exigencias, dadas las dificultades experimentadas en el mundo rural para su implementación. También llamaron al Gobierno a efectuar los ajustes necesarios en el sistema, para ayudar a una mejor gobernanza en este ámbito.
Estado de excepción
En la sesión, además del tema de los APR, se aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la macrozona sur. Ella afecta a la región de La Araucanía y a las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.
Los datos adjuntados en la solicitud presidencial informan que, desde el 18 de mayo de 2022 hasta el 25 de diciembre de 2024, Carabineros reporta 571.383 controles. Simultáneamente, se concretó la detención de 1.256 personas, 20 de ellas entre el 06 y el 25 de diciembre.
Hasta el 22 de diciembre de 2024, se observa una disminución del 47% de los eventos de violencia rural en la macrozona sur con respecto al mismo periodo del 2023. Ahora, el descenso llega a un 69%, en comparación del 2021. Esta es la menor cifra de los últimos 7 años al comparar los eventos a la misma fecha en la macrozona sur.
El decreto vigente caduca el próximo 30 de enero y la actual prorroga comenzará a operar tras dicho vencimiento.
Participaron en el debate Miguel Mellado (RN), Stephan Schubert (IND), Juan Carlos Beltrán (RN), Jorge Saffirio (DEM), Jorge Rathgeb (RN), Gloria Naveillan (IND), Flor Weisse (UDI) y Joanna Pérez (DEM).
