Durante esta primera semana legislativa del año 2025, la Sala de la Cámara respaldó nueve solicitudes de resolución que piden al Presidente de la República adoptar medidas en favor de las Pymes, regímenes tributarios especiales y medidas en favor de jóvenes y personas mayores, entre otras materias.
Así, la primera solicitud (resolución 1331) presentada por la bancada PPD, solicita un plan de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas, asegurando su sostenibilidad económica frente al impacto del alza en las tarifas eléctricas y otras dificultades.
El texto sugiere implementar subsidios directos a las PYMES, que cubran el 95% del aumento en las cuentas eléctricas durante el primer mes, con una disminución gradual al 5% en un plazo de 12 meses. Además, modificar la tarifa de “Hora Punta” para evitar afectar a empresas nocturnas, junto con subsidiar el 35% de la inversión en placas fotovoltaicas, facilitar créditos preferenciales y rebajar el umbral de cliente libre.
A su vez, la solicitud 1332, llama al gobierno a instruir y disponer el cambio de la matriz energética de los sistemas de agua potable rurales, modificando el sistema actual por uno accionado con energía solar.
La solicitud de diversos legisladores plantea la necesidad de realizar una renovación en el sistema energético que provee a las comunidades rurales, para que estas puedan obtener y almacenar energía que asegure su independencia ante emergencias o reparaciones de las fuentes energéticas convencionales.
Asimismo, se busca incorporar al Ministerio de Obras Públicas en la ejecución de las obras necesarias en los cambios en las instalaciones, así como también al Ministerio de Energía en lo refiere a las bases técnicas para una correcta ejecución y transición de los sistemas energéticos.
Tierra del Fuego
En tanto, mediante la resolución 1333, del diputado independiente Christian Matheson, la Cámara acordó solicitar al Presidente de la República evaluar la creación de un régimen fiscal y aduanero especial para la Provincia de Tierra del Fuego y la comuna de Cabo de Hornos.
La resolución busca que el Ejecutivo analice y proponga un estatuto fiscal y aduanero similar al implementado en dichos territorios por Argentina en 1972. Este exime de impuestos nacionales a personas y empresas por actividades realizadas en Tierra del Fuego, incluyendo impuestos a las ganancias, valor agregado, entre otros.
Además, el modelo argentino establece un área franca y un régimen especial aduanero que promueve la inversión y facilita el comercio, lo que, a juicio de su autor, podría fomentar la migración hacia esta región, mejorar su desarrollo económico y fortalecer la presencia chilena en un territorio de alta importancia estratégica.
Free flow
La Sala también respaldó la solicitud 1335 que pide al gobierno gestionar las medidas administrativas necesarias para ordenar al Ministerio de OO.PP. y al director Nacional de Concesiones de Obras Públicas, la creación de un sistema de cobro Free-Flow en todos los peajes de la región de Ñuble.
El texto, aprobado por 126 votos y 1 abstención, presentado por la diputada UDI Marta Bravo, plantea la renovación del sistema de peajes para evitar aglomeraciones y riesgos de accidentes. Además, solicita que en casos de retrasos superiores a una hora o atascos mayores a un kilómetro, las barreras sean levantadas para permitir el libre desplazamiento.
Por último, solicita la apertura de barreras cuando exista riesgo vital por emergencias o desastres, según lo determinen los organismos pertinentes.
Contribuciones
De la misma legisladora, la sala aprobó, con 125 votos a favor y 2 abstenciones, la resolución 1336 que solicita al Primer Mandatario eliminar el impuesto territorial correspondiente a la vivienda de las personas mayores.
El documento recuerda que la ley 20.732, que reduce el impuesto territorial para propiedades de personas mayores económicamente vulnerables, tiene como objetivo apoyar a los propietarios de un bien raíz con destino habitacional que no logran pagar sus contribuciones.
Sin embargo, existirían dos criterios que hoy constituyen una barrera para que los adultos mayores accedan al beneficio. Por una parte, las personas con una pensión base menor o igual a $729.764 mensuales, sumado al monto de la PGU de $214.296, quedan fuera de la rebaja del 100%. Y, debido a la inflación, el valor de las propiedades ha aumentado, lo que incrementa su avalúo fiscal.
Venezuela
A través de la resolución 1337, encabezada por el diputado Miguel Ángel Calisto y la bancada Demócratas, se solicita al Presidente Gabriel Boric reconocer a Edmundo González como Presidente electo de Venezuela.
Se señala que, “ante los indiscutibles datos entregados por la oposición de las actas digitalizadas que dan como ganador a Edmundo Gonzales, seguido del compromiso con la democracia y los derechos humanos”, es necesario que el Presidente realice este reconocimiento, que empujará y colaborará a que Venezuela pueda comenzar su recuperación, estableciéndose como un gobierno democrático y legítimo que respete los derechos y libertades de su pueblo.
Aplicaciones fraudulentas
El día miércoles 8, en tanto, la Sala dio su visto bueno a la resolución 1339 que solicita al Ejecutivo enviar un proyecto de ley para prohibir la promoción de aplicaciones móviles irregulares que ofrecen préstamos u oportunidades de inversión fraudulentas.
Al respecto, se indica que, al navegar por redes sociales, hay una serie de publicidades que dan cuenta de préstamos instantáneos, sin importar Dicom. El texto indica que dichas plataformas se basan en publicidad engañosa y utilizan a empresas estatales y/o personajes públicos para darles credibilidad.
La resolución presentada por el diputado Roberto Arroyo (PSC) y aprobada por 123 votos a favor y dos abstenciones, detalla que al descargar estas aplicaciones, la persona da acceso ilimitado a todos sus archivos de sus dispositivos. Y, que si bien los depósitos se realizan, luego, antes de la fecha de vencimiento de la primera cuota, comienzan las presiones e incluso amenazas.
Nueva institucionalidad
La resolución 1351, por su parte, aboga por la creación de un Servicio Nacional de las Juventudes junto con una Subsecretaría.
En la solicitud se evalúa que el Instituto Nacional de la Juventud (INJ) no abarca ni satisface las necesidades actuales. Se precisa que este, como un servicio técnico que colabora en el diseño, planificación y coordinación en políticas relativas a los asuntos de las juventudes, no ofrecería una oferta programática para los jóvenes. En particular, para quienes egresan del sistema del Servicio nacional de protección especializada de la niñez y la adolescencia o del Servicio de Reinserción Social.
Asimismo, se critica que sus servicios no son conocidos por los jóvenes y que su presupuesto es insuficiente para la población que debería atender.
La solicitud fue presentada por la diputada Clara Sagardia y aprobada por 62 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones.
Carrera funcionaria en Salud
Por último, por 106 votos a favor y 19 abstenciones, las Diputadas y Diputados aprobaron la resolución 1352 que pide al Presidente de la República instruir a la ministra de Salud para adoptar las medidas necesarias que permitan avanzar hacia un nuevo modelo de carrera funcionaria del sector.
En sus fundamentos, el documento precisa que durante años, los trabajadores de la salud han insistido a las autoridades sobre la necesidad de avanzar en una reforma a la carrera funcionaria, que represente la realidad actual del rubro, mejorando tanto la calidad del servicio para los usuarios, como las condiciones laborales para funcionarios y funcionarias.
En esa línea, el diputado Ricardo Cifuentes, promotor de la resolución, resaltó que en el programa de gobierno del Presidente Boric se estableció expresamente la creación de una mesa de trabajo con las organizaciones sindicales. Sin embargo, a más de dos años de iniciado el gobierno, aún no hay frutos de las conversaciones.
