Con la idea de fortalecer la facultad de fiscalización de la Cámara, la Sala de la Corporación aprobó en general un proyecto que define un plazo máximo de respuesta a los oficios enviados en esta materia. Además, la iniciativa establece sanciones por su incumplimiento.
Sin embargo, por ser objeto de indicaciones, el texto se derivó a la Comisión de Gobierno Interior para un segundo informe.
La propuesta se originó en dos mociones. La primera de ellas (boletín 16163) la impulsó la diputada Paula Labra (IND). También la suscriben José Miguel Castro (RN), Harry Jürgensen (IND), Johannes Kaiser (IND), Andrés Longton (RN), Benjamín Moreno (PREP) Gloria Naveillan (IND), Marcia Raphael (RN), Hugo Rey (RN) y Natalia Romero (IND). El segundo texto (boletín 16192) lo presentó Christian Matheson (IND). Además, la firman Yovana Ahumada (IND), Miguel Ángel Becker (RN), Bernardo Berger (IND), Andrés Jouannet (AMA), Johannes Kaiser (IND), Miguel Mellado (RN), Víctor Alejandro Pino (DEM), Renzo Trisotti (IND) y Francisco Undurraga (Evop).
La Ley Orgánica del Congreso Nacional define, actualmente, que los organismos de la administración del Estado y las entidades en que el Estado participe o tenga representación deberán proporcionar los informes y antecedentes específicos que se le soliciten por las comisiones o por los parlamentarios debidamente individualizados en sesión de Sala o de comisión.
Ahora, la presente iniciativa establece que el jefe superior del respectivo organismo (o su representante legal) deberá responder a los oficios de las cámaras del Congreso, ya sea que se deriven desde comisiones o por parlamentarios individualizados, en un plazo de 20 días corridos. Este plazo podrá prorrogarse, excepcionalmente, por otros 10 días cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada.
Sanciones y otros procedimientos
La inobservancia de los plazos se informará a la Contraloría General de la República. Tras dicho trámite, se faculta a la entidad a aplicar, si fuese procedente, la medida disciplinaria de multa equivalente a un tercio, media o una remuneración mensual. La Contraloría también podrá otorgar al requerido un plazo de 10 días hábiles para que informe sobre el requerimiento.
El mismo procedimiento y sanción se aplicará por la falta de comparecencia a una sesión de una comisión a la que se hubiese citado la autoridad responsable. Esta sanción igualmente procederá cuando se citen funcionarios o empleados de su dependencia, cuando la ausencia de estos les sea imputable.
Con todo, los funcionarios de la administración que sean citados y se ausenten sin excusa, se sancionarán con el procedimiento contenido en este artículo. Esto, especialmente en el caso de las comisiones investigadoras realizadas por la Cámara.
Luego, se especifican procedimientos para apelaciones, cobro de multa o cambio de autoridad competente. Además, define que las solicitudes se remitirán por vía electrónica. La salvedad estará dada cuando exista un impedimento para ello o que, por su carácter reservado o contenido, sea necesaria una remisión en otro formato.
Finalmente, se indica que la Cámara y el Senado podrán desarrollar plataformas digitales de comunicación con la Contraloría General de la República. La idea es propender a una labor ágil, realizar seguimiento y facilitar el acceso a la información.
Necesidad de plazo a los oficios
En la discusión de esta iniciativa hubo un amplio consenso en torno a la necesidad de definir un plazo para las respuestas a los oficios de fiscalización. De hecho, gran parte de quienes expusieron relataron sus propias experiencias negativas en la materia. Remarcaron que casi un 70% de los documentos simplemente no son respondidos. Otros, llegan tardíamente o de manera incompleta.
Por ello, también se estimó necesario que se apliquen sanciones para instar a contestaciones efectivas y oportunas. Esto, se evaluó, es fundamental para el real ejercicio de la facultad de fiscalización.
Sin embargo, hubo quienes estimaron excesivos tanto el plazo como las sanciones. En tal orden, se anunció la presentación de indicaciones, las cuales obligarán a una segunda revisión en la comisión técnica.
Intervinieron Paula Labra (IND), Ana María Gazmuri (PAH), Alberto Undurraga (DC), Luis Malla (PL), Marta Bravo (UDI), Daniela Serrano (PC), Carlos Bianchi (IND), Stephan Schubert (IND), Yovana Ahumada (IND), Erika Olivera (DEM), Bernardo Berger (IND), Daniel Lilayu (UDI), José Carlos Meza (PREP), Felipe Camaño (IND), Leonidas Romero (IND),
