La Comisión Especial Investigadora del caso ProCultura centró el debate de la sesión realizada el lunes 06 de enero, en el rol de Miguel Crispi, exsubsecretario de Desarrollo Regional, respecto a la validación de la fundación ProCultura. Esto en lo referido a la selección como institución subejecutora de un proyecto en la Región de Antofagasta, proceso que ha generado cuestionamientos por su metodología y criterios utilizados para evaluar, calificar y validar a la institución.
“Fue una decisión basada en un procedimiento de carácter técnico”, señaló Crispi. El exsubsecretario aclaró, además, las instancias de comunicación que se mantuvieron con la fundación ProCultura, en las diversas etapas en las que participó como subsecretario.
Sobre el proceso de validación, Crispi indicó que el proyecto lo inició el Gobierno Regional de Antofagasta antes de su ingreso al cargo en la Subdere, durante la administración del anterior gobierno. Así, la primera solicitud formal de validación se efectuó en 2021 a la entonces subsecretaria Virginia Troncoso. Posteriormente, Crispi respondió favorablemente a una solicitud de junio de 2022, oficializando la validación de ProCultura como subejecutora.
Esta decisión se sustentó en un puntaje técnico de 97.1 obtenido a través de los procedimientos establecidos por el Departamento de Patrimonio de la Subdere. Este puntaje, explicó el exsubsecretario, reflejaba el cumplimiento de los criterios técnicos definidos en la resolución exenta y en la guía operativa. Explicitó que su última relación con la citada fundación ocurrió mediante una negativa a una solicitud de recursos adicionales.
Cuestionamientos parlamentarios
Durante la sesión, las y los diputado pusieron en tela de juicio la idoneidad de ProCultura para ejecutar el proyecto y los mecanismos de evaluación aplicados.
La diputada Yovana Ahumada (IND) cuestionó la experiencia de la fundación porque no contaba con antecedentes específicos para llevar a cabo un proyecto de recuperación de fachadas. Además, preguntó si ProCultura fue validada en otras regiones, a lo que Miguel Crispi respondió que no.
Exigiendo mayor profundidad en las distinciones entre lo autorizado por el subsecretario y el procedimiento interno de la Subdere, el diputado Gonzalo Winter (FA) solicitó claridad en este tema, cuestionando también la decisión de negar la última solicitud de obtención de recursos adicionales.
El diputado Andrés Longton (RN) resaltó que el giro registrado por ProCultura en el Servicio de Impuestos Internos estaba enfocado en actividades diferentes, las cuales no incluía actividades relacionadas con restauración patrimonial. También se refirió a un oficio en el que Miguel Crispi señalaba que la fundación tenía suficiente experiencia. Por ello, pidió aclaraciones sobre cómo se validó esta información.
Por su parte, el diputado José Miguel Castro (RN) criticó que ProCultura trabajara con empresas de tipo SpA, cuyos dueños tenían vínculos directos con la fundación, mostrando sorpresa ante la incapacidad del cuerpo calificador para notar este aspecto cuestionable de la institución validada.
Finalmente, la diputada Viviana Delgado (IND) subrayó la falta de rendiciones de cuentas por parte de ProCultura desde su postulación, lo cual debió ser un factor clave para rechazarla durante el proceso. Enfatizó que estas organizaciones no pueden seguir postulando a estos recursos sin presentar sus rendiciones y destacó la falta de fiscalización como un aspecto preocupante.
Explicaciones sobre el contexto técnico
Crispi defendió que la Subdere no evalúa los proyectos específicos, sino las capacidades generales de las organizaciones. Reconoció que ProCultura tenía antecedentes de trabajos culturales y patrimoniales en otras zonas del país, aunque no necesariamente relacionados con restauración de fachadas.
Respondiendo al diputado Winter, el exsubsecretario señaló que hay decisiones que son competencia directa a su cargo, como la aprobación de fondos para proyectos. Al respecto, recalcó que el criterio que utilizó durante su gestión fue financiar todos los proyectos que fueran elegibles, siempre y cuando existieran recursos disponibles para ello.
El exsubsecretario afirmó que “ningún recurso de la Subdere fue entregado directamente a ProCultura”. Asimismo, explicó que desconocía que la fundación estuviera vinculada a Alberto Larraín y que no existían elementos que orientaran una decisión diferente en la validación de la institución. También, destacó que las decisiones tomadas durante su gestión se basaron en criterios técnicos definidos por la normativa vigente.
