En el marco de la discusión del proyecto de ley, originado en mensaje, que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, la Comisión de Educación realizó una Jornada Temática donde analizó está iniciativa junto con rectores de universidades, CFT y estudiantes.
El proyecto (boletín 17.169) tiene tres objetivos principales: condonar parte de las deudas educativas en base a criterios de justicia y mérito. También, reorganizar la deuda en términos razonables para quienes aún deban. Junto con ello, terminar con el Crédito con Garantía Estatal (CAE), reemplazándolo por un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior.
El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, indicó que el interés del Ejecutivo es construir una política de estado de nivel superior. “Estamos trabajando en un Consejo Asesor y Estrategia a largo plazo de educación superior. También estamos llevando adelante procesos de modernización de educación académica institucional que, como conjunto, nos interpelan para tener una política global en la materia”.
Señaló que el proyecto supone la reorganización de las becas. “Dado que con la entrada en vigencia de la política de gratuidad se han dejado de usar el 60% de las becas. No plantea la eliminación de las becas sino su reorganización en in virtud del nuevo sistema”, remarcó.
Los parlamentarios/as mostraron concordancia que el CAE no es un método efectivo de apoyo económico para financiar parte o la totalidad de los aranceles de una carrera universitaria. Destacaron que es necesario crear un nuevo instrumento que entregue nuevos lineamientos de financiamiento para los estudiantes.
Condonación: fin al CAE
La actividad -que se realizó en el Congreso Nacional en Valparaíso- se desarrolló en cuatro bloques de discusión.
En sus dos primeros paneles las/os diputados escucharon a representantes de las Universidades, tano públicas como privadas.
Así, Emilio Rodríguez, vicepresidente ejecutivo del Consorcio de Rectores de Universidades de Chile (CRUCH) y rector de la Universidad de Tarapacá, señaló que “un sistema de provisión mixta y financiamiento mixto es esencial para sostener niveles adecuados de calidad (…) El costo estimado del CAE para el Estado en 2025 es de US$ 500 mil millones”, acotó.
“El país no prosperará ni mejorará su productividad en los próximos años sin ciencia, tecnología e innovación; sin una educación superior competitiva a nivel internacional”, remarcó.
A su vez, Santiago González, presidente de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) y rector de la Universidad Central, planteó que el proyecto tendrá un impacto en las instituciones reduciendo sus ingresos. “La eliminación del copago afectará significativamente los ingresos, especialmente en universidades privadas, donde los aranceles representan más del 82% de los ingresos”.
El rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), indicó que el nuevo sistema de financiamiento (FES) entrega algunos beneficios. Por ejemplo, incorpora modificaciones a la Ley 21.094, en materia de condonación y castigo de deudas, necesarias para una mejor gestión financiera de las universidades estatales.
Sin embargo, añadió que considera necesario que exista un compromiso a largo plazo para que los recursos que el Fisco pueda reducir en materia de financiamiento estudiantil sean utilizados en políticas públicas destinadas al fortalecimiento y crecimiento del sistema público de Educación Superior. Esto, con el objeto de garantizar que este pueda cumplir adecuadamente la misión y funciones que les ha encomendado la ley.
Segundo bloque
En el segundo bloque expuso Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. El académico afirmó que Chile requiere universidades de clase mundial para promover su desarrollo económico, social y cultural. “Algunas de nuestras universidades de investigación y doctorados tienen potencial para transformarse en universidades de clase mundial”, precisó.
Planteó que se debe permitir el copago a beneficiarios del FES para garantizar la diversificación de ingresos que requiere toda universidad, más aún aquellas con potencial de transformarse en universidades de clase mundial. Agregó que es necesario fomentar la autonomía administrativa y académica, con el objeto de promover innovación y excelencia académica.
Asimismo, Nelson Vásquez, presidente de la Red de Universidades Públicas no estatales -rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso– consideró que “el sistema de educación superior chileno es un sistema de calidad en América Latina y lo que se está legislando acá puede afectar esta calidad”, aseguró.
Por su parte, Samuel Briceño, vocero de la Confech, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, sostuvo que una demanda histórica que tienen como estudiantes es el nuevo modelo de financiamiento.
Dijo que hoy se hace un excesivo gasto público en el Crédito con Aval del Estado. “Somos los estudiantes quienes pagamos los réditos de un modelo que hace aguas, pues no hay inversión adecuada para nuestra salud mental, infraestructura adecuada e innovación académica”, remarcó.
Otros expositores
En el tercer y cuarto bloque participaron Juan Claudio Escobar, director ejecutivo del Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Vertebral. También, Benito Umaña, presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) y Eolo Díaz-Tendero, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano.
Asimismo, Mauricio Holz, investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional y Verónica Seguel, coordinadora de la plataforma digital de participación ciudadana Congreso Virtual.
