Tres proyectos relacionados al ámbito de la seguridad pública, así como dos iniciativas referentes a beneficios para funcionarios públicos, apoyó en la presente semana de diciembre la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en sus cuatro sesiones celebradas.
De los cinco textos aprobados, uno concluyó su tramitación en el Congreso Nacional. Esto, tras respaldarse el informe de la comisión mixta que abordó las diferencias con el Senado. Se trata de la nueva Ley Antiterrorista (boletines 16180, 16210, 16224, 16235 y 16239).
La propuesta, parte de la “Agenda de seguridad”, se revisó en la sesión del miércoles 11. Particularmente, sanciona la asociación terrorista y establece delitos y penas acordes al grado de implicación en este tipo de organizaciones.
El informe de la comisión mixta resolvió dos puntos de discrepancia pendientes entre la Cámara y el Senado: incorporación de medidas de interceptación de comunicaciones y el cambio excepcional de jurisdicción de una causa, en situaciones de alta connotación.
Otros temas de seguridad aprobados por la Sala
La Sala dio luz verde a otros dos proyectos del ámbito de la seguridad pública. El primero de ellos se trató en la sesión del lunes 9. En lo principal, la iniciativa (boletín 16744) exige que la planificación urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles para las mujeres. Pasó a segundo trámite, al Senado.
En la jornada del martes 10 se aprobó un texto (boletín 16836) que modifica la Ley 21.325. La idea es perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa.
La propuesta, derivada a segundo trámite, fortalece las competencias de la Subsecretaría del Interior en la mantención del orden público y de la seguridad, interior y exterior. En particular, mejora la ejecución de las referidas expulsiones.
Entre sus normas se dota al subsecretario/a del Interior de la facultad de decretar la expulsión de extranjeros, ya no solo en casos fundados en la seguridad interior o exterior, sino, también, por razones de orden público. Junto a esto, se le concede la potestad de encausar diligencias para la aprehensión de personas con orden de expulsión.
Asimismo, se dictaminan nuevos plazos para la prohibición de ingreso al país, así como medidas en materia judicial y procedimental.
Sala aprobó reajuste y bono a Tens
En sesión especial, el miércoles 11, la Sala analizó y aprobó el proyecto de ley (boletín 17286) de reajuste salarial para el sector público.
En su punto central, la norma otorga un incremento total de 4,9% para las y los trabajadores, el que se pagará en tres etapas. Específicamente, los salarios para el sector se incrementarán en un 3,0%, a contar del 1 de diciembre de 2024. Luego, se efectuarán nuevas alzas a contar del 1 de enero y 1 junio de 2025. Estas serán de un 1,2% y 0,64%, respectivamente. Con ello se completa el mencionado 4,9% total.
El proyecto contempla, además, otros variados beneficios, entre ellos están el pago de aguinaldos de navidad y fiestas patrias; los bonos de escolaridad y de vacaciones; un bono de invierno para las y los jubilados; aporte para los servicios de bienestar y para las universidades; beneficios de incentivos al retiro de los funcionarios públicos; ajustes a normas del teletrabajo; modificación de la planta de Gendarmería; la entrega de un bono para personal de Carabineros; y una asignación de estímulo en materia de salud.
En la sesión de la mañana del miércoles, se apoyó la entrega de otro beneficio que favorecerá a más de 57 mil trabajadores/as Tens. El proyecto (boletín 17075), en particular, concede un bono especial para funcionarios que desempeñen, efectiva y permanentemente, una función técnica en el área de la salud pública.
La nueva asignación especial se dirige a quienes cumplan una jornada completa de 44 horas semanales. Aplican quienes estén en cargos de la planta de técnicos o a contrata asimilados a dicha planta de los servicios de salud. También se extenderá al personal de los establecimientos de salud de carácter experimental contratado indefinidamente a plazo fijo.
Para recibir el beneficio se exigirá contar con un título técnico de nivel superior de una carrera del área de la salud otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por éste. Además, dicho funcionario y su título deberán encontrarse inscritos en el registro nacional de prestadores individuales de salud.
Finalmente, en otra materia, la Sala aprobó la creación de una nueva comisión investigadora. Ella se abocará a indagar sobre el acuerdo de asociación suscrito con SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco, en Maricunga.
